La fiscala Karina Caballero accedió a una entrevista con radio Monumental 1080 AM este lunes sobre la investigación que tiene a su cargo y que guarda relación con un hecho de supuesto abuso sexual en niños.
El presunto involucrado es el vicedecano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Fabrizio Ricardo Frutos Porro, de 50 años.
El alto funcionario académico registraba una orden de captura y fue detenido el domingo último.
Al respecto, la agente fiscal alegó que la familia de la víctima solicitó al Ministerio Público “que no se den detalles de nada”. Se negó a responder cualquier tipo de pregunta, incluso sobre las medidas que solicitará para el procesado.
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“Yo quisiera que la prensa, que es creadora de conciencia nacional, se concentre en ver la situación económica (del país) que es de interés común, el empleo o qué hacer con los adictos”, sostuvo.
En ese sentido, acotó que todo el caso ya está siendo procesado y que “se va a saber la verdad”.
El Código de la Niñez y la Adolescencia prohíbe brindar datos que puedan identificar al niño o la niña, por lo que las autoridades están obligadas a no brindar información alguna sobre la víctima.
No obstante, el Ministerio Público puede detallar acerca de las diligencias correspondientes con respecto al procesado. Pero en este caso, incluso dicha información se negó a proveer la fiscala.
Cuando se le consultó acerca de las medidas contra el procesado, tampoco quiso dar datos referentes a la denuncia ni sobre las medidas que solicitará al juez de Garantías contra el académico o el pedido de la realización de la Cámara Gesell.
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“No puedo decir, son datos que pueden identificar a la víctima y la mamá, quien me dijo que no quiere que dé ningún dato y le tengo que respetar”, manifestó.
Insistió en que “la ciudadanía puede estar tranquila, ya que van a buscar la verdad”. “En redes se preocupan más del ‘morbo’ que de problemas que arrastramos hace más de 50 años”, reprochó.
Por su parte, el vicedecano negó haber cometido el hecho denunciado y pedirá ante el Juzgado su libertad ambulatoria.
En Paraguay, el abuso sexual en niños tiene una expectativa de pena privativa de libertad de 4 a 15 años, dependiendo de los agravantes, y de 20 años si la víctima es menor de 10 años.
