Con fuertes críticas en torno a la reacción del Gobierno por la muerte de dos niñas de 11 años a manos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), la especialista en Derechos Humanos, Diana Vargas, apuntó a que se debe exigir una investigación que estudie todos los hechos.
En ese sentido, en contacto con radio Monumental 1080 AM, puntualizó en que todo se encuentra girando alrededor de lo que respecta al reclutamiento de menores y no así en esclarecer la muerte de las dos pequeñas.
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“Por la salud de esta débil democracia, el Estado debe dejar de ofenderse y mostrar que pone a disposición todo el aparato estatal para esclarecer qué fue lo que pasó, porque todos nos quedamos con demasiadas dudas”, opinó.
A su consideración, el mejor camino es derogar la Ley que creó la FTC, volver al diseño constitucional e invertir en la Policía Nacional.
“Yo creo que ahora el Gobierno debe dar señales políticas de la envergadura de este problema. Por un lado, destituir a los altos jefes de la FTC y pedir al Congreso que trate el proyecto de ley que deroga la modificación de la ley de seguridad”, sugirió la profesional.
A esto sumó que el Poder Ejecutivo debe pedir disculpas, asumir responsabilidades y exigir la apertura de un proceso penal en vista de que el Ministerio Público no lo hizo de oficio.
“Los padres son los principales responsables de brindar seguridad, pero el Estado no tipificó el reclutamiento forzoso a pesar de estar obligado y de los señalamientos de los organismos internacionales porque tenemos la cuestión militar muy arraigada”, aseveró.
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Organizaciones sociales, religiosas, internacionales y hasta representaciones diplomáticas del Gobierno argentino han reclamado el esclarecimiento del procedimiento registrado la semana pasada en Yby Yaú, Departamento de Concepción.
Este sábado se confirmó, tras un estudio de los cuerpos de las niñas que fueron presentadas como abatidas, que ambas tenían 11 años y algunos meses.
En principio, el Gobierno informó que se trataba de adolescentes, cercanas a la mayoría de edad.
Además, la ciudadanía cuestiona el actuar del Ministerio Público en la investigación.
