Más allá de las diferencias metodológicas y los argumentos que señalan que los datos del Banco Central del Paraguay no pueden ser comparados con los de la Sedeco, la percepción generalizada de la gente es que los precios están aumentando más rápidamente que lo señalado por la principal autoridad monetaria del país, el BCP.
Esta percepción pareciera que fue avalada por una encuesta realizada por la Sedeco en supermercados, en la que encontró altos aumentos de precios, especialmente de algunos productos básicos de la canasta de alimentos.
Esta situación debería ser una llamada de atención para las autoridades teniendo en cuenta que Paraguay es un productor de alimentos. Una pregunta recurrente debiera ser: ¿qué es lo que está pasando?, dado que las cotizaciones de productos típicos de la agricultura familiar como tomate, cebolla, papa o carne de cerdo y pollo sufren incrementos, a la par de una queja constante de parte de los campesinos acerca de los precios pagados a ellos.
El contexto se agrava si consideramos que la pasada semana fue autorizado un aumento en el precio del transporte público, que combinado con la mala calidad del servicio genera una fuerte indisposición ciudadana.
Es importante señalar que casi la mitad de la canasta básica se refiere a rubros alimenticios y de movilidad, por lo cual cualquier variación en sus costos tendrá impacto en la reducción de la capacidad adquisitiva de los ingresos familiares.
El Gobierno no puede permanecer al margen de esta situación. La inflación no es una variable económica que pueda ser mantenida al margen. Sus efectos en la gente van más allá de la disminución de la cantidad relativa de bienes y servicios que puede adquirir, sino también en sus planes a futuro en materia de ahorro e inversión.
Si no hay previsibilidad sobre el comportamiento de los precios o existe una percepción errada o sobredimensionada, las familias serán más reacias a tener planes a largo plazo que impliquen por ejemplo la construcción de una vivienda, la inversión para la jubilación, el acceso a crédito para producir, entre otras acciones que contribuyen no solo a su bienestar y seguridad particular, sino también a dar dinamismo al mercado, impulsando el crecimiento económico, la generación de empleos y la reducción de la pobreza.
El aumento real de los precios o la sola percepción de su existencia constituyen factores adversos al desempeño económico, por lo que deben accionarse las políticas públicas necesarias.
Es urgente que los programas de agricultura familiar y los de transporte público contribuyan a aumentar la oferta de frutas, verduras y carnes y que mejore sustancialmente la calidad del transporte público de manera a reducir la presión sobre estos gastos.
