Emita y Ana Rosa López hablaron en contacto con radio Monumental 1080 AM, tras la designación de Jorge Bogarín, miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), como significativamente corrupto por parte de EEUU.
El padre de ambas, el ex fiscal Jorge López, imputó en el 2019 al funcionario judicial Vicente Ferreira por producción de documentos falsos, pero en el 2021 el JEM decidió destituir al representante del Ministerio Público.
En ese momento, Bogarín era presidente del JEM y, además, fue preopinante en el caso contra el fiscal. “Papá creía en la Justicia, decía que no hizo nada y que volvería pronto a su trabajo. Lástima ya no está para ver esto”, expresó Ana Rosa López. El padre de las hermanas falleció el año pasado a causa de un cáncer.
López denunció en su momento que recibió una notificación sobre un caso de abuso sexual de un menor con los datos adulterados y que, para averiguar quién pudo haber agregado detalles al documento judicial, terminó imputando a tres funcionarios que tenían acceso al caso, entre los que se encontraba Vicente Ferreira, lo que le habría costado el cargo.
Ana Rosa recordó que Vicente Ferreira se presentó ante el JEM para denunciar a su papá y que Bogarín votó para la remoción por supuesto mal desempeño. “Papá tenía fotos, muchas cosas sobre ellos dos. Él estaba seguro de que no hizo mal el trabajo”, expresó.
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Por su parte, Emita también recordó a su padre y señaló que él nunca perdió las esperanzas de volver a trabajar. Incluso, en diciembre del 2021 el ex fiscal recurrió a la Embajada de EEUU en busca de justicia.
“Papá murió con ese sentimiento de que era un delincuente. Queremos que su nombre se limpie, él amaba su trabajo”, puntualizó.
Para Estados Unidos, Jorge Bogarín y Vicente Ferreira interfirieron en procesos judiciales, afectando la “independencia e imparcialidad” del Poder Judicial.
Vicente Ferreira es señalado como operador del ex presidente del JEM, Jorge Bogarín, cuando este se postuló como miembro de dicho órgano. Además, sería primo del recientemente renunciante intendente de San Pedro del Ycuamandiyú, Gustavo Rodríguez, quien no tuvo otra que dimitir ante su inminente destitución por un faltante de G. 18.000 millones.
