Tras varios pedidos de desvinculación y un repudio general ciudadano, el Consejo Directivo cesó a cuatro docentes encargados de cátedra por estar implicados aparentemente en la mafia de los pagarés y varios a puertas de un juicio oral. Al ser sacados, los cargos se llamarán a concurso. Se trata de:
- Heber Hernán Cardozo Areco, ex ujier del juzgado de paz de San Roque (Derecho Político, en sede Central).
- Mariam Adelaida Ortiz Aquino, ex ujier de La Catedral (Técnica de Litigación Adversarial Criminal, en Benjamín Aceval).
- Pablo Cabrera Irigoitia, ex actuario de San Roque (Sociología de la institución y Derecho Constitucional Nacional) en Coronel Oviedo.
- Líder Rodrigo Benegas, ex ujier notificador de San Roque (Informática Jurídica) en Caacupé.
- Nathalia Garcete, ex jueza de paz de La Catedral 2° Turno, docente escalafonada.
Varios presentaron hoy su nota de renuncia al cargo, pero no se trató porque lo hicieron ya durante cuando comenzó la sesión directiva, por lo que consideraron inviable.
Días atrás, varios alumnos de Derecho UNA se pronunciaron sobre el hecho y exigieron la desvinculación preventiva de los docentes, “hasta que la situación sea plenamente esclarecida”.
“Por mucho años nuestra alma mater se ha visto inmersa en múltiples esquemas de corrupción y en escándalos que han dañado la imagen de nuestro institución”, dijeron.
Presentaron una nota dirigida al Consejo Directivo para que traten hoy el pedido de desvinculación.
Así también, las víctimas de la mafia de los pagarés repudiaron el hecho de que los vinculados al esquema estén enseñando. “¿Con qué autoridad moral alguien señalado por destruir el patrimonio de miles de paraguayos puede enseñar Derecho Político? Es el colmo del cinismo”, mencionaron en un comunicado.
Ver más: Víctimas de la mafia de los pagarés repudian elección de ujier como docente
Estos incluso se preparaban para manifestarse frente a la sede Central de Derecho, pero fue confirmada la versión de que recibieron amenazas y por seguridad no lo hicieron.
Debatieron el caso en la sesión virtual
Édgar Ríos, el defensor Adjunta Civil de la Defensoría Pública, explicó que “si bien es cierto que el principio de presunción de inocencia es irrenunciable, en estos momentos debemos tener en cuenta que es más cierto aún que los hechos investigados son de público conocimiento y han generado un impacto significativo en la opinión pública”.
Fue él quien planteó que sean cesados en el cargo los profesores y a este planteo se acoplaron sus colegas consejeros.
“Nosotros hoy no estamos ejerciendo una responsabilidad institucional, (sino que) como consejeros tenemos que velar porque nuestros estudiantes reciban la mejor educación posible y no es solo jurídica. Estamos hablando de formación de principios, ética profesional, responsabilidad pública”, expresó.
Ríos expuso que el docente es un modelo profesional para quien el día de mañana ejercerá la Abogacía, la magistratura, el Ministerio Público, o para personas que serán ministros de la Corte.
“Cuando la credibilidad pública se ve seriamente comprometida, estoy convencida que como institución no podemos permanecer inmóvil. El caso impacta en todo el país”, dijo.
El decano de la Facultad de Derecho, Carlos Gustavo González, también habló de que el mensaje que hay que dar es claro, compartiendo también lo que dijo Ríos.
