La audiencia de imposición de medidas para el ex ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich, por el caso Darío Messer, concluyó en horas de la mañana de este martes.
Como fianza, su defensa ofreció un inmueble por un valor de G. 1.000 millones, aunque la Fiscalía no pidió, informó el periodista de Última Hora Raúl Ramírez.
En tanto que la Fiscalía solicitó medidas alternativas a la prisión, la prohibición de salir del país, comparecencia obligatoria ante el Juzgado y que informe si cambia de domicilio.
Ahora se aguarda la resolución del magistrado.
El ex secretario de Estado del gobierno de Horacio Cartes (2013-2018) se encuentra imputado por presuntos hechos de lavado de dinero, obstrucción a la persecución y ejecución penal.
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De acuerdo con la investigación fiscal, Boidanich supuestamente ocultó información y modificó datos sobre el cambista brasileño Darío Messer, condenado en Brasil, y Juan Pablo Jiménez Viveros, sobrino del ex presidente Cartes.
Raquel Cuevas Arzamendia, ex titular de la Dirección General de Análisis Financiero, y Melissa Parodi González, funcionaria de la Seprelad, también se encuentran procesadas en la causa.
En el acta de imputación se detalla que Boidanich tenía conocimiento de una serie de reportes de operaciones sospechosas (ROS) de los que fueron objetos las empresas de Darío Meses.
La firma Chai SA, del cambista brasileño, fue reportada en 2016 por el Banco Continental a la Seprelad con Boidanich al mando, específicamente, al Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos de la DGAF (Dirección General de Análisis Financiero), con Melissa Parodi de encargada, de acuerdo con la investigación.
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Además, para ese entonces, Messer y sus empresas ya habrían sido objetos de ROS por Sudameris Bank en 2012, Banco Nacional de Fomento (BNF) en 2015, lo que hizo que al año siguiente fuera categorizado como sujeto de riesgo alto.
Luego se dio inicio al caso Chasa 605530091, que fue la recopilación de información de un analista financiero (Fidel Oviedo) para el estudio de los datos, el cual se remitió en 2017 para su verificación a Parodi, quien remitió el informe preliminar del caso a Raquel Cuevas, directora de la DGAF.
Para el Ministerio Público, Óscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi estaban en conocimiento de las alertas, pero decidieron encubrir los documentos.
