“A pesar de haber liberado a 222 personas presas políticas (en febrero pasado), aún mantiene a 36 en prisión y tuvo que reformar la Constitución Política del país, además de crear una nueva ley para despojar de nacionalidad a esas y otras 94 personas que considera traidores de la patria”, indicó ese observatorio en el “Informe de violaciones a los derechos humanos por parte del Estado nicaragüense (junio 2022 a abril 2023)”.
El Gobierno sandinista además ha cerrado 3.321 organizaciones no gubernamentales, con lo que “ha dejado en el desamparo a personas vulnerables, como mujeres, niños, niñas, adolescentes...”, según ese informe.
“Esto ha representado pérdidas de millones de dólares en apoyo social que compensaba los esfuerzos del Gobierno en ese sentido, y ha limitado el acceso a derechos de la población”, sostuvo.
Asimismo, ese observatorio aseguró que “las agresiones hacia la Iglesia Católica han ido incrementando” y las mismas incluyen la condena a más de 26 años al obispo nicaragüense Rolando Álvarez, la prohibición de actividades religiosas, la expulsión de sacerdotes, “así como desprestigio por parte del presidente de Nicaragua y otros funcionarios públicos”.
Por otro lado, el observatorio afirmó que “cada vez más nicaragüenses gestionan su pasaporte para salir del país, lo que representa una realidad de desesperación por la crisis política y económica. EFE
