Organizaciones de padres y de la sociedad civil agremiados en la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia (Recnapy) volvieron a manifestar este lunes su rechazo a los contenidos del convenio con la Unión Europea respecto al programa de apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en Paraguay. En este sentido, se reafirmaron en la necesidad de derogar la Ley 6659/20 que aprueba dicho convenio.
El proyecto de ley para suspender la vigencia de dicha ley –y por ende del cuestionado acuerdo- debe ser tratado por la Cámara de Senadores esta semana. Por su parte, Diputados ya aprobó la respectiva derogación.
Se trata de la ley 6659/20, por la cual se aprueba el convenio de financiación firmado entre la República del Paraguay y la Unión Europea para el Programa de Apoyo a la Transformación del Sistema Educativo en el Paraguay y sus anexos. El mismo establece una cooperación no reembolsable de 38 millones de euros.
En conferencia de prensa convocada este lunes por la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia (Recnapy), la abogada Valeria Insfrán, indicó que este convenio es “intromisivo e impertinente”, y que incluso contradice la Constitución Nacional en varios aspectos.
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Señaló que hablan de los contenidos y objetivos de una “agenda que avanza progresivamente” y cuyos resultados respecto a contenidos educativos y culturales ya están a la vista en otros países.
Las críticas
“Consideramos que el convenio es intromisivo e impertinente, sobre todo cuando expresa en el punto 1.3 del anexo, en la página 12, que ‘la educación es decisiva para formar la posición de los niños en materia de género, derechos humanos y cuestiones ambientales’”, agregó la vocera de Recnapy.
Los representantes de las organizaciones consideran que la citada ley del convenio y sus anexos responde a la Agenda 2030 y a la Estrategia Nacional de Educación 2024, que a su vez está diseñada siguiendo los ODS de la citada Agenda de las NNUU, “y no a nuestras leyes vigentes ni a nuestra Carta Magna”.
Igualmente, los expositores señalaron que la merienda escolar para los niños o los kits escolares no pueden estar dependiendo de donaciones y ayudas extranjeras ocasionales, sino que deben ser incluidos en el Presupuesto General de Gastos de la Nación, de manera permanente y garantizada o a través del Fonacide.
“No admitimos el vasallaje al que intentan someter al Paraguay a través de la adopción acrítica del convenio aprobado a través de la ley 6659/20 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS 4 y 5 de la Agenda 2030 de las NNUU, con sus cuestionables metas y estrategias, y sus marcos interpretativos que en varios aspectos contradicen la Constitución Nacional y los valores de la sociedad paraguaya”, señaló Insfrán.
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Los representantes de más de 20 organizaciones explicaron que se requiere una mirada crítica respectos a los enfoques introducidos en el convenio y anexos, específicamente los referidos a enfoque de Derecho, de Género y de Inclusión, respectivamente. Es cuestión a analizar y estudiar a profundidad, explicaron.
En otro momento, indicaron que “están conscientes” de la necesidad de una reforma educativa y que apoyan una iniciativa que apunte a las verdaderas necesidades del sistema educativa nacional, sin contenidos ideológicos o conceptos difusos que nada tienen que ver con la urgencia educativa nacional.
Igualmente, señalaron que existe un “manejo inadecuado de gran parte de la donación de 38 millones de euros”, del Convenio, de los cuales –aseguran como ejemplo- 17 millones quedan bajo administración de la Unión Europea y la OEI, no del Estado paraguayo.
Llamado a los políticos
Finalmente hicieron un llamado a las autoridades parlamentarias y del Gobierno a que consideren sus reclamos y denuncias, “que son legítimas”, afirman, ya que han demostrado con argumentos jurídicos y pedagógicos los puntos cuestionados del Convenio con la UE, así como en su momento lo hicieron respecto al proceso del Plan de Transformación Educativa.
“Los estaremos observando. No nos vamos a olvidar del sentido de sus votos. Nuestros reclamos son legítimos y tenemos evidencias fácticas y análisis jurídicos que avalan lo que denunciamos y advertimos. La Patria se los demandará”, concluyó Insfrán.
También solicitaron a las embajadas “que hacen lobby” para presionar a las autoridades respecto a este convenio o otros temas similares, “que respeten la soberanía del Paraguay”.
“Nuestro pueblo es libre y soberano y luchará siempre por ello”, apuntaron.
