26 oct 2026

Operativo Espada: Fiscalía imputa a jefes policiales y ordena detención

La Fiscalía imputó este viernes y ordena la detención de dos comisarios y del jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO), por estar supuestamente involucrados en la exigencia de USD 100.000 a narcotraficantes, a cambio de liberar 302 kilos de cocaína en el Departamento de San Pedro.

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El comisario Cristino Aranda, director departamental de la Policía en San Pedro, fue separado del cargo este viernes.

Foto: Gentileza.

La fiscala Lorena Ledesma, de la Unidad Especializada Contra el Narcotráfico, imputó este viernes a tres altos jefes policiales y ordena su detención por ser sospechosos de asociación criminal, tráfico de drogas y otros delitos, en el marco del operativo Espada.

Los imputados son el comisario Cristino Ramón Aranda, de 53 años, ex director de Policía del Departamento de San Pedro; el oficial 1º Aldo Miguel Rodríguez Ruiz, de 32 años, jefe del Grupo Especial de Operaciones (GEO) de San Pedro, y el comisario Darío Figueredo Montiel, de 53 años, jefe de la Comisaría 18ª de Santa Rosa del Aguaray, informó la periodista de Última Hora Marcia Martínez.

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El 17 de mayo pasado se realizó el allanamiento en una pista clandestina en la localidad de Hugua Guazú, en el Departamento de San Pedro, en donde se encontraron 302 kilos de cocaína dentro de una aeronave con matrícula boliviana.

En aquella ocasión, seis agentes policiales identificados como el suboficial mayor José David Alonso Salinas; los oficiales primeros Édgar Diosnel Sosa Melgarejo y Juan José Benítez Achucarro; el suboficial principal Pablo Cabrera Escobar; el suboficial inspector Víctor Daniel Dávalos Peralta, y el suboficial Antonio Joel Quiñónez habrían ingresado al lugar y dispararon a la aeronave.

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Posteriormente redujeron a Ramón Giménez Velázquez, Amado Pérez Marecos, Luis Darío Candia Zelada, Celso Benítez Fleitas y a Carlos Escobar Núñez, a quienes exigieron la suma de USD 100.000 a cambio de liberar la carga de droga, amenazando con matarlos y sustraer la cocaína si no cumplían con el pago.

¿Cómo estaba estructurado el grupo?

Según la Fiscalía, un grupo de uniformados se habrían organizado jerárquicamente para exigir sumas de dinero a cambio de liberar la carga de cocaína. Este grupo estaba estructurado supuestamente por el comisario Cristino Aranda y se habría conformado en una reunión realizada en la Comisaría 18ª, donde estaban presentes Figueredo y Rodríguez.

El oficial del Departamento de Inteligencia de la Policía Nacional Édgar Sosa Melgarejo también habría participado de esta reunión y supuestamente brindó las coordenadas sobre la carga de cocaína.

Cada una de estas personas habría tenido pleno conocimiento y dominio del hecho, para lo cual habrían prestado su colaboración desde el lugar en el que se desempeñaban, para cometer los hechos punibles investigados y obtener un beneficio económico indebido a través de una simulación de vigilancia en carácter preventivo.

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El Ministerio Público sostiene que el comisario Cristino Aranda fue quien organizó al grupo conformado por un contingente de personal policial de diferentes dependencias aledañas.

Mientras que Figueredo Montiel, además de facilitar la sede de la Comisaría 18ª coordinó supuestamente la planificación y el posterior ingreso de forma clandestina a la propiedad donde fue encontrada la droga.

Por su parte, Rodríguez Ruiz, jefe del GEO, habría realizado las tareas de vigilancia preventiva en la zona, también habría entregado a los uniformados las armas de la Policía Nacional con las cuales realizaron la extorsión a los presuntos narcotraficantes y puso al personal de su dependencia para concretar el hecho.

13 detenidos

En el marco de la investigación ya están detenidos siete policías y seis civiles, quienes están imputados por los hechos de tráfico internacional de droga, comercialización, posesión, facilitación de servicios en el tráfico para el transporte aéreo y terrestre, y extorsión agravada.

Otra de las figuras penales que se suma es la conducta de los agentes policiales que describe la Ley 1340, de omisión de comunicar un hecho punible a las autoridades competentes.

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