El documento se dio a conocer luego de que esta instancia llevara adelante una investigación confidencial sobre las muertes de Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, ejecutadas por la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado en septiembre de ese año.
El Comité recibió una denuncia sobre los homicidios ilegítimos y alegaciones de que Paraguay adoptó diversas medidas para encubrir el incidente.
“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado”, se afirmó al tiempo de agregar que “esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes”.
Según la información recibida por el Comité, las dos jóvenes fueron asesinadas en Yby Yaú, Departamento de Concepción, a principios de setiembre de 2020. Ambos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.
La Justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que las niñas eran efectivamente mucho más jóvenes, solo tenían 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.
Investigación. El Comité inició una investigación con arreglo al artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros de dicha instancia. Entrevistaron a 32 personas, incluidas entre testigos y funcionarios del Estado Parte, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios “Las pruebas demuestran que el Estado Parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas”, dijo el Comité. “El Estado Parte es especialmente responsable de la privación arbitraria de la vida de las jóvenes víctimas y de no haber llevado a cabo una investigación adecuada, lo que deja lagunas críticas en la comprensión de la causa, la forma y las circunstancias de la muerte de las niñas”, fue lo que se determinó.
No obstante, el Comité señaló que no había pruebas suficientes para determinar si estas violaciones eran sistemáticas de los derechos contemplados en la Convención.
Además, pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También requirió que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo.
