La resolución fue publicada en Ginebra, donde los 18 expertos de este Comité, encargado de vigilar el cumplimiento de Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, e indica que deben investigarse y aclararse ambos acontecimientos.
“Hay que asegurar la investigación inmediata, independiente e imparcial de la muerte de 17 personas con ocasión del allanamiento de Curuguaty el 15 de junio de 2012, así como todos los hechos vinculados que han sido denunciados por las víctimas”, expresa el posicionamiento del organismo internacional.
El Comité también expresó, a través de un comunicado, su preocupación por las alegaciones de importantes irregularidades desde el Ministerio Público, la judicatura y las fuerzas de seguridad en el caso Curuguaty, al igual que la “falta de imparcialidad e independencia en los procesos de investigación”.
A su vez, la ONU expresa inquietud ante las modalidades del proceso de destitución de Lugo el 22 de junio de 2012, en la aplicación del artículo 225 de la Constitución Nacional. El organismo cuestiona, en particular, los plazos dispuestos para la preparación y presentación de la defensa del expresidente.
El Comité instó, además, al Gobierno de Paraguay a “garantizar que el proceso de destitución siempre se lleve a cabo con plena conformidad con los principios básicos del debido proceso”.
La muerte de 6 policías y 11 campesinos en Marina Cué, tierras del Estado disputadas por la empresa Campos Morombi de la familia del desaparecido político Blas N. Riquelme, en junio pasado, desencadenó la destitución de Lugo por parte del Congreso bajo acusación de “mal desempeño de sus funciones”. El hecho recibió la condena general de los Gobiernos de la región, y el Mercosur y la Unasur suspendieron políticamente a Paraguay hasta las próximas elecciones generales de abril de este año.
