En la querella, que según ha trascendido fue presentada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, la Fundación Ciudadano Inteligente solicita además que el hoy expresidente Sebastián Piñera declare en calidad de testigo, toda vez que él fue quien en 2010 firmó la citada ley, en su calidad de jefe del Ejecutivo.
Se trata de la primera querella por cohecho que se presenta en contra Longueira, quien esta semana, presionado por la justicia, renunció a la Unión Demócrata Independiente, el partido que contribuyó a fundar.
La querella se basa en la presunción de que cuando era senador, Pablo Longueira aceptó dinero de la empresa minera Soquimich (SQM) para modificar la ley del royalty minero de manera que favoreciese los intereses de la compañía.
El texto de la denuncia, publicado por el diario “El Mercurio”, señala que “el querellado, siendo funcionario público solicitó o aceptó recibir de particulares, específicamente de la empresa SQM, a través de su gerente general, Patricio Contesse, beneficios económicos para sí y para terceros, con ocasión de lo cual ejecutó actos con infracción a los deberes de su cargo”.
Longueira fue nombrado ministro de Economía en julio del 2011, durante la administración de Sebastián Piñera, puesto en el que se mantuvo hasta abril del 2013, cuando fue propuesto por la UDI para ser aspirante presidencial.
El royalty minero es una regalía que deben pagar las compañías que explotan los recursos generalmente no renovables de un país.
En el caso de Chile estaban excluidas las empresas extranjeras, pero en 2010 la ley fue modificada excepcionalmente para que el Estado dispusiera de ingresos con los que financiar las áreas devastadas por el terremoto de febrero de ese año.
Sin embargo, según publicó días atrás el sitio web Ciper Chile, “Longueira recibió del gerente general de SQM, Patricio Contesse, la redacción de un artículo sobre el impuesto a la minería que luego se incluyó en la ley”.
“El cambio le permitió a la empresa acceder a beneficios tributarios con un potencial millonario”, señaló el citado medio de investigación periodística.
“Además de canalizar información reservada y estratégica entre SQM y el Gobierno -denunció Ciper Chile-, la red de Longueira fue la principal receptora de dineros de la minera”, que según una auditoría externa encargada por los actuales administradores de SQM a la firma Shearman & Sterling, se calculan en 730 millones de pesos (1,1 millones de dólares).
El ministerio público ya investiga a Longueira por su presunta participación en delitos de cohecho y financiación irregular de campañas políticas.
Ciudadano Inteligente, que como querellante en representación de la sociedad civil está detrás de algunos de los episodios más sonados de corrupción en Chile, se financia con donaciones de otras fundaciones como la Open Society Foundation o la Omidyar Network, y lleva más de seis años trabajando en temas de transparencia y participación ciudadana a través del acceso a la información.
Así por ejemplo, Ciudadano Inteligente se ha querellado en el llamado caso Penta, en el que están imputados los dueños de un banco de inversiones acusados de fraude fiscal y otros delitos por haber financiado ilegalmente a políticos de todos los sectores.
Y también ha participado activamente en el proceso judicial que terminó semanas atrás con la pérdida del fuero del senador derechista Jaime Orpis, quien admitió que recibió dinero de una de las principales empresas pesqueras de Chile.
