Parlamentarios de ambas cámaras del Poder Legislativo presentaron formalmente este viernes un pedido al Ministerio Público de producción de pericia contable, financiera e impositiva de Santiago Peña, desde que se inició como funcionario público hasta la presidencia de la República, indicó el senador Rafael Filizzola.
Mencionaron puntualmente al fiscal de la causa, Jorge Arce, exigiendo “acciones concretas” en el marco de la denuncia por enriquecimiento ilícito que fue presentada ya en octubre de 2025.
El objetivo es que se investigue el origen del enriquecimiento de Peña, ya que en solo seis años, el presidente tuvo un aumento de su patrimonio que pasó de G. 1.007 millones en 2017 a G. 23.024 millones en 2023.
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Señalaron que exigen que se analice el origen de la fortuna de Santiago Peña y se realice una investigación formal, seria y confiable, pese a que recién esta semana, siete meses después de la denuncia, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, decidiera asignar a un fiscal, el agente Jorge Arce.
“Estamos pidiendo al fiscal designado una pericia contable, financiera e impositiva de Santiago Peña, desde que se inicia como funcionario público hasta el presente”, dijo Filizzola en rueda de prensa.
“Pedimos la designación de peritos contables y financieros independientes, el análisis integral de evolución patrimonial, ingresos, egresos, activos financieros, oposición societaria y trazabilidad de fondos; el cruzamiento de información bancaria, tributaria —que es muy importante y tiene que constar en sus declaraciones de IRP o IVA—, bursátil, societaria; la determinación técnica acerca de la existencia o no de la correspondencia entre egresos lícitos acreditados y patrimonios acumulados y el análisis de las variaciones patrimoniales, valorizaciones extraordinarias y eventuales mecanismos de ocultación o simulación”, es la entera solicitud, leída por el senador Filizzola.
También cuestionaron el examen de correspondencia de la Contraloría General de la República (CGR) que asegura que no existe irregularidad en la fortuna del presidente. “La Contraloría General de la República hace un examen de correspondencia que en realidad desnaturaliza la función del Ministerio Público. Normalmente, la CGR hace un examen y posteriormente, si existen indicios de hechos punibles, en ese caso, envía al Ministerio Público, y no al revés. No es el Ministerio Público el que envía a la CGR”, mencionó.
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Por su parte, el diputado Raúl Benítez, fue tajante al señalar al contralor general de la República como “una herramienta del cartismo, y un blanqueador serial para los cartistas”.
“Entendemos que el diseño de esa correspondencia está hecha a la medida del presidente”, aseguró.
Filizzola sostuvo que la CGR “tampoco hizo su trabajo”, debido a que “no analiza todo ese periodo donde se produce ese despegue milagroso de 2400% en su fortuna”.
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“Los argumentos no son serios y nosotros tampoco los aceptamos”, expresó, agregando que la “se remitió a hacer un análisis documental administrativo que omite la parte crítica que es la parte donde él se enriquece de una manera exponencial, pero eso no quita la responsabilidad constitucional que tiene el Ministerio público de investigar a Santiago Peña porque lo que se le atribuyen son delitos como enriquecimiento ilícito, administración en beneficio propio, tráfico de influencia, lavado de dinero”, indicó.
Compararon el examen de correspondencia de Peña con el del ex presidente de Petropar, Eddie Jara, y dijeron que el presidente debería “rectificar en todo caso si tenía alguna información adicional, pero él envía un documento que no está contrastado como, por ejemplo, donde no existe trazabilidad y la CGR tampoco le pidió datos de las cuentas bancarias”.
“Él suma ingresos de una manera, suma gastos, un montón de dinero, pero eso la CGR no investiga, no contrasta por ejemplo con el seguimiento de cuentas bancarias, depósitos, extractos y todo lo demás”, puntualizó.
