Desde la oposición hubo varios cuestionamientos y advertencias, y también un velado pedido al presidente de la República, Santiago Peña, para que vete la ley garrote.
Además, hubo coincidencia por parte de algunos legisladores del bloque democrático de que el próximo paso sería la persecución a la prensa.
Fueron 31 los votos a favor de la versión de los diputados; 1 por la del Senado, mientras 10 estuvieron en contra; 1 ausente y 2 abstenciones.
La fuga del bloque democrático a favor del oficialismo colorado fue la del liberal José Pakova Ledesma.
Los disidentes de la ANR también acompañaron la causa, entre ellos Colym Soroka, quien además integra la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), junto a Gustavo Leite, Dionisio Amarilla, y otros tres diputados cartistas.
En el momento del debate, el senador progresista Rafael Filizzola cuestionó que se quieran controlar los fondos privados internacionales.
Reclamó que se hayan excluidos los clubes y las iglesias, ironizando que en este tipo de espacios “pues no se lava luego dinero”. “¿Por qué carajo tienen que informar fondos cualquiera sea la naturaleza?”, increpó.
“Si uno no entrega toda esta documentación (...), la sanción puede ser el cierre, entonces ese es el objetivo final”, sentenció el legislador.
“Esto es sumamente peligroso. Una vez más se está poniendo casi en jaque a su gobierno por un caprichito (...) No se da cuenta el senador lo infantil de su posición (...). Acá hay un promotor de esto y se llama Gustavo Leite”, sostuvo la liberal Celeste Amarilla.
“No queremos que se retroceda a tiempos oscuros que vivimos recientemente en la dictadura stronista”, indicó la opositora Esperanza Martínez.
“Necesitamos coraje y valentía del presidente para que haga lo que tiene que hacer, vetar”, fue su pedido al presidente Santiago Peña.
“Nos están invitando al entierro de la sociedad civil, que quede constancia de mi rechazo. Es una ley que criminaliza la sociedad civil. Se ha convertido en una verdadera cacería política”, reclamó Ignacio Iramain.
“Apuntan al jaque mate de los medios de prensa, que es el siguiente paso”, advirtió. “Usted va a ser el dictador que la historia va a recordar”, fue su mensaje para Peña.
Al cartista Javier Zacarías Irún nuevamente le tocó hacer el papel de censurador, pidiendo que se cierre la lista de oradores, y pasar a votar.
Yolanda Paredes sostuvo que es el Estado el que debe rendir cuentas; así como Itaipú y Yacyretá. “Nos estamos distrayendo con el dinero privado de la gente”, criticó.
“No podemos seguir utilizando el Senado como garrote para vengar cuestiones personales de políticos de turno”, increpó la opositora.
Los contados oficialistas y aliados intervinieron para sostener su postura a favor de la ley, tratando de desacreditar a la oposición.
El broche de oro le tocó al titular del Congreso, Basilio Núñez, quien volvió a cuestionar al CIRD, citando a Agustín Carrizosa. “Estoy por combatir a estos oenegeros. Voy por la versión de Diputados, y voy a pedir al presidente que, por favor, promulgue la ley”, sentenció.
Piden a Peña rechazo total y mesa de diálogo
El Grupo Impulsor de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) pidió al presidente de la República, Santiago Peña, el veto total al proyecto de ley de control a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), y pide convocar a una mesa de trabajo para un nuevo proyecto.
Este jueves, a las 08:00 de la mañana, el grupo realiza una conferencia de prensa en el local de la Codehupy para ampliar la postura emitida ya públicamente en contra de dicha normativa legal, tras la sanción dada ayer en la Cámara de Senadores.
“Consideramos que es una ley que pretende anular el carácter participativo y pluralista de nuestro sistema democrático y que pone en riesgo el valorado grado de inversión”, señalaron en el comunicado.
Recordaron además el audio filtrado del senador colorado cartista Gustavo Leite, uno de los más connotados impulsores de la ley, y señalan que él mismo reconoció que la ley “se va a trancar en inconstitucionalidad en algún momento”.
Recordaron que el mismo senador dijo que los datos que se pretenden hacer públicos servirían para matar política y socialmente en Paraguay a los “oenegeros”.
“Concordamos que una democracia con cierto grado de consolidación es capaz de reaccionar en forma institucional contra esos embates autoritarios y termina saliendo fortalecida de esa coyuntura crítica”, dice el texto.
Consideramos que es una ley que anula el carácter participativo y pluralista de nuestro sistema democrático. Grupo Impulsor de las OSC.
