Consideran que se encuentran ante un momento crítico para la seguridad jurídica de la democracia, ya que el mencionado proyecto de ley “representa un grave riesgo para el desarrollo y el progreso del país y es fruto de un autoritarismo que amenaza el ejercicio activo de la ciudadanía y debilitar la sociedad”. Aclaran que las organizaciones sin fines de lucro están regidas por diversas normativas de control, transparencia y gestión, por lo que el proyecto de ley solo tiene por objetivo, “perseguir, amedrentar y asfixiar a la actoría ciudadana, con disposiciones vagas y ambiguas, requisitos onerosos, al igual que sanciones desproporcionadas que podrían atentar contra la libertad de asociación”. Además de apeligrar la democracia participativa y poner en riesgo la seguridad jurídica, fundamental para el Estado de Derecho, resaltan.
Reafirman el compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas, la cooperación, la promoción y el fortalecimiento de las políticas públicas.