Hoy, a las 9:00, es la cita para los 16 de los 18 ocupantes de los Jardines de Remansito que deben presentar ante el Juzgado las documentaciones que avalen su permanencia en las tierras que son propiedad del Ministerio de Defensa. Dos de ellos renunciaron a la posesión al reconocer que estaban instalados de forma ilegal en sus parcelas de la finca 916 y entregaron sus llaves.
Se trata de Hugo Berthold Friesen y Berthold Penner Friesen, dos menonitas que prefirieron alejarse del escándalo, antes de que el procurador Marco Aurelio González, quien impulsa la recuperación, inicie una demanda civil para devolver las propiedades al Estado.
El tercero que desistió de reclamar su parcela fue Fernando Camacho, a quien el caso le costó su cargo como presidente en el Partido Encuentro Nacional, pero su renuncia a la propiedad no fue efectuada de manera formal, por lo que también fue citado ante el Juzgado.
Luego del análisis de los documentos, revisados caso por caso, se podrán tomar otras medidas, y no se descartan el desalojo o acciones penales si es que son hallados hechos punibles como invasión, asociación criminal, lavado u otros.
Aparte de los tres citados, fueron notificados también Alfredo José Vinader Casali, Wesley Kehler Sawatzky, Hans Karl Jans, Rossana Ramírez, Miguel Reynal, Emilio Melgarejo, Gumercindo Leguizamón, Rodney Daniel González, Walter Escobar, Martín Amaini, Oscar Peter Klassen, Hugo Simón y Sara Alviso de Simón, Jorge García, Damián Vázquez y Daniel Gómez.
El senador Basilio Bachi Núñez, de Honor Colorado, intentó hacer pasar a estos ocupantes como agricultores para defender el proyecto que presentó con el ex diputado Édwin Reimer, que desafectaba 131 hectáreas de la finca 916 a favor de la Municipalidad de Villa Hayes, logrando su sanción ficta.
Entre los pobladores con casas precarias, existe gran preocupación, debido a que todavía no se dio ninguna respuesta desde la Procuraduría sobre la situación de este sector, que no tiene opciones de vivienda. El procurador insiste en que todas las 131 hectáreas en conflicto deben ser recuperadas, y no se descarta el desalojo.
Igualmente, se aclaró que los trabajos serán parte por parte, y que esta primera etapa solo corresponde a los ocupantes con viviendas lujosas.
18 ocupantes fueron intimados a presentar documentos, dos de los cuales ya renunciaron a la posesión.