Los primeros 100 días de gobierno son claves para dar señales claras de lo que puede y piensa hacer un mandatario.
Al actual Ejecutivo le fueron relativamente fáciles los primeros meses de gobierno gracias a la mayoría de parlamentarios (diputados y senadores) que se alinearon al oficialismo y acompañan sus proyectos sin cuestionamiento alguno.
Unos de los primeros proyectos de ley que logró sacar el actual Ejecutivo fue el que unifica la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Dirección Nacional de Aduanas (DNA), bajo una nueva oficina estatal denominada Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).
Si bien el proyecto tuvo algunos cuestionamientos en su momento, tras las explicaciones brindadas por las autoridades de turno se fueron limando las asperezas y finalmente quedó aceptado el nuevo organismo encargado de la recaudación de los impuestos y aranceles aduaneros.
Inmediatamente, se presentó el proyecto de ley que crea el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para sustituir al Ministerio de Hacienda. Además, este proyecto trae también bajo las alas del MEF a la Secretaría Técnica de Planificación y a la Secretaría de la Función Pública. El proyecto tuvo sus detractores debido a que otorgaba ciertos poderes al ministro de Economía. Sin embargo, el proyecto no tuvo mayores cuestionamientos en el Congreso y rápidamente fue sancionado.
El tercer proyecto que fue enviado al Congreso y que sí tuvo mayores cuestionamientos fue el denominado ley de emisión de bonos y que otorga superpoderes al Ministerio de Economía para la modificación del presupuesto, para la reasignación de gastos sin tener que pasar por el Congreso. Este proyecto fue duramente criticado por los parlamentarios y los técnicos, pero una vez más la mayoría oficialista en el Congreso no dudó en darle al Ejecutivo la herramienta legal que necesitaba con urgencia para emitir bonos por 600 millones de dólares para pagar a las empresas constructoras y a las farmacéuticas y para tratar de poner en orden las cuestas del fisco.
Sin embargo, el cuarto proyecto de ley enviado por el Ejecutivo fue el más cuestionado y resistido por algunos senados y organizaciones sindicales. Se trata del proyecto de ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.
Varios gobiernos desde hace más de 20 años ya venían hablando de la necesidad de contar con un ente que controle el funcionamiento de las distintas cajas de jubilaciones y pensiones, pero ninguno tuvo el apoyo legislativo suficiente como para lograr una sanción.
A pesar de ser el proyecto más cuestionado, fue el que más rápido se sancionó. Ambas Cámaras sesionaron de forma extraordinaria y en menos de 48 horas dieron su bendición a la ley que crea la Superintendencia de Seguros.
Hay que decir también realizaron importantes modificaciones, por lo menos en los puntos más cuestionados, pero aun así hay sectores que siguen cuestionando la ley sancionada y anuncian próximamente una serie de movilizaciones.
Pero el Ejecutivo no se conformó con los cuatro proyectos de ley sancionados y apostó a un quinto. El proyecto de tren de cercanías, que también fue sancionado en cuestión de días.
La opinión pública es consciente de la necesidad de contar con estas legislaciones, pero lo que se cuestiona es que se haga un uso y abuso de la mayoría coyuntural en las Cámaras del Congreso para imponer leyes, sin el debido debate.
Además, en casi todos los proyectos fueron ignoradas las sugerencias y cuestionamientos, lo que a su vez genera ante la opinión pública un desgaste innecesario de la figura del mandatario y también genera un fuerte rechazo hacia la gestión parlamentaria.
