El tema ocupó la agenda como nunca antes y comenzaron a salir a la luz las vinculaciones de varios legis-ladores con narcotraficantes. Tanto en la prensa como desde el propio Congreso fueron señalados con nombre y apellido: Freddy D’Ecclesiis, Bernardo Villalba y Marcial Lezcano, diputados de la zona norte apuntados en un informe que el entonces senador Arnaldo Giuzzio preparó e hizo público.De repente parecía claro –al menos por lo que señalaban autoridades de ese momento– había legisladores que defendían los intereses del crimen organizado. Sin embargo, el Poder Ejecutivo, liderado por Horacio Cartes, parecía no tomar nota del asunto y, por ende, el Ministerio Público guardaba bajo siete llaves los casos denunciados a la espera de que la tormenta pase. Y pasó. Y la investigación sigue ahí, abierta y recolectando polvo. Llegaron las elecciones y una nueva fuerza política se hizo gobierno. Otros asuntos ocuparon la agenda pública hasta que un día de setiembre, sin que se haya cumplido ni siquiera un mes del nuevo gobierno, la Senad, ahora liderada por el mismo ex senador que denunciaba a sus colegas, entregaba la cabeza de Ulises Quintana –un miembro del movimiento político del propio presidente de la República– electo diputado por Alto Paraná en las últimas elecciones.Quintana probablemente no había terminado de acomodarse en su curul cuando tuvo que salir corriendo a tratar de aclarar por qué la Senad lo acusaba de ser un cómplice del presunto narcotraficante Reinaldo Cucho Cabaña. Los agentes antidrogas incluso tenían una grabación de una llamada telefónica en la que Cucho pedía al flamante legislador que lo ayude a liberar a su secretario, detenido con 190.000 dólares en una barrera montada por gentes de la comisaría de Nueva Londres en Caaguazú.Quintana terminó tras las rejas. Quizás fue una señal de los tiempos cambiantes que haya compartido la prisión con el ex fiscal general Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.Apenas unas semanas después, el nuevo Gobierno apuntó su artillería hacia otra organización dedicada al tráfico internacional de cocaína y, nuevamente, un legislador colorado oficialista se vio envuelto en el escándalo: Freddy D’Ecclesiis, el mismo que años antes fue incluido en la lista de narcopolíticos de Giuzzio. A diferencia de Quintana, la Senad no logró recolectar evidencias fuertes en contra del legislador sampedrano.En un hangar de su familia se encontraron siete avionetas que, según la investigación fiscal, eran utilizadas para llevar miles de kilos de cocaína a Uruguay y Argentina. D’Ecclesiis atinó a decir que no hay nada concreto que lo incrimine y que no se eligen los familiares. Esto, porque varios familiares directos suyos tienen largos prontuarios y ya son bien conocidos por los organismos antidrogas paraguayos y estadounidenses. El ímpetu que caracteriza a los nuevos gobiernos nos hizo recordar que la narcopolítica sigue viva. ¿Por qué habría de desaparecer si, más allá del ex intendente de Ypejhú y asesino moral de Pablo Medina –Vilmar Acosta– no hubo condenas judiciales o medidas político-partidarias que eviten la infiltración de representantes del narcotráfico? Cómo esperar que algo cambie si la impunidad sigue siendo inquebrantable y los partidos políticos poco y nada hicieron para identificar y expulsar a los criminales que hoy ocupan cargos electivos. Mientras tanto, los municipios, las gobernaciones y el Congreso seguirán dando espacio y protección al crimen organizado.
