En el 2020, el Ministerio Público investigó a la ex diputada colorada Marlene Ocampos por un daño patrimonial de más de G. 1.000 millones cuando se desempeñaba como gobernadora de Alto Paraguay entre el 2013-2018.
La causa fue caratulada como lesión de confianza por presuntamente malversar fondos públicos en el ejercicio fiscal 2014, 2015 y 2016. Desde el Ministerio Público aseguraron que este martes informarán cómo quedó la causa contra la ex parlamentaria.
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La ex fiscala del caso, Liliana Alcaraz, de la Unidad de Delitos Económicos, la investigó tras un informe final de la Contraloría General de la República, donde saltan presuntos millonarios desvíos de fondos.
En el 2018, el ex contralor general de la República, José Enrique García, realizó una denuncia formal sobre lesión de confianza con base en expedientes de auditoría sobre Ocampos. La diputada había logrado postergar una audiencia indagatoria sobre supuestos hechos de corrupción y se desconoce cómo quedó la causa.
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El 8 de julio de 2020, el contralor Camilo Benítez Aldana notificó a Marlene Ocampos sobre el informe final de la Fiscalización Especial Inmediata (FEI), que corresponde a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, donde se hallan otros millonarios faltantes, sumando así unos G. 3.400 millones, a los G. 1.000 detectados previamente.
Entre las irregularidades detectadas se encuentra que en el ejercicio fiscal 2014 la Gobernación no pagó por el almuerzo escolar, donde se debió utilizar recursos del Fonacide.
También abonó la suma de G. 59.171.037 por cantidades de obras no ejecutadas del comedor escolar con cocina de la Escuela San Miguel Arcángel de Fuerte Olimpo y otros G. 53.235.035 en una obra similar en la Escuela Adolfo Rojas Silva de Bahía Negra.
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Además, figuran la emisión de cheques sin respaldo documental por valor de G. 51.000.000 y la falta de rendición de cuentas de una transferencia de G. 915.885.817 en conceptos de aportes y subsidios a entidades educativas e instituciones privadas sin fines de lucro y el pago G. 17.478.000 en el mismo concepto, pero no hay documentos de respaldo.
De igual manera, se detectó una baja ejecución del presupuesto del Fonacide destinados a proyectos de infraestructuras en educación, donde solamente el 43,72% fue ejecutado de los G. 2.202.424.876 en este concepto. Todo esto menciona el informe final de CGR sobre la auditoría del ejercicio fiscal 2014 y 2015.
También se encuentra lo que corresponde al ejercicio fiscal 2017 y 2018, que también cuenta con una serie de faltantes y obras inconclusas, que comprometen a la ex diputada en los indicios de comisión de hechos punibles por malversación de fondos públicos.
La ex diputada Marlene Ocampo se desempeñó como presidenta de la Comisión de Pueblos Indígenas en la Cámara Baja.
