Las autoridades de inteligencia sostienen la hipótesis de que el brutal atentado al Puesto Policial N° 4 de Naranjito, en el Departamento de Canindeyú, constituye una suerte de sangriento “rito de iniciación” y demostración de fuerza por parte de una nueva generación del grupo armado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), en una nueva etapa violenta con colaboración de grupos criminales de la zona como aliados.
Es decir, un resurgir del grupo terrorista que opera en el Norte del país, compuesto por hijos, primos y sobrinos de los líderes históricos ya abatidos o detenidos.
Desde el Consejo de Defensa Nacional (Codena) dieron a conocer detalles de la investigación, en la que los análisis científicos realizados mediante el Sistema Integrado de Identificación Balística (IBIS) de la Policía Nacional revelaron hallazgos fundamentales para desarrollar el comportamiento de la nueva camada del EPP y el ataque al puesto policial.
Se trata de las vainillas servidas calibre 5.56 mm recolectadas en el sitio, que vinculan directamente el hecho con anteriores atentados de gran impacto. Estos casquillos percutidos coinciden plenamente con un arma de fuego utilizada el pasado año en un ataque terrorista del EPP contra la subcomisaría de Ybyrarobaná.
El reporte pericial también arrojó que otra de las vainillas levantadas de la escena del ataque, que son de proyectiles calibre 7,72, pertenece a un arma empleada en un suceso violento en el año 2020, la cual está fichada en los registros policiales como propiedad de un grupo narco (marihuaneros) que opera tradicionalmente en esa región fronteriza y responde a la estructura liderada por Santiago Felipe Acosta Riveros, alias Macho.
Al respecto, el ministro Enrique Riera declaró que “esta será una nueva camada compuesta por hijos, primos y sobrinos de los líderes históricos”. Sobre la crueldad del ataque, dijo: “Es un mensaje político, de decir aquí estamos, no podrán con nosotros, volvimos”.
Por su parte, el general (R) Óscar González, ministro de Defensa Nacional, argumentó que los indicios confirman que el EPP “perdió su pureza ideológica y está operando en alianza directa con narcotraficantes”.
narcoterrorista. Esto, teniendo en cuenta que con base en los datos científicos, el Ministerio del Interior y el Codena coinciden en concluir en que el EPP ya no actúa de forma aislada en sus zonas de influencias en el Norte del país, sino que ha migrado hacia reservas boscosas de Canindeyú, donde presuntamente reclutó a nuevos miembros y, además, comparte objetivos con clanes locales del narcotráfico, como el clan liderado por el prófugo alias Macho.
Los investigadores presumen que este asalto militarizado funciona como un mensaje directo de advertencia para el Estado en represalia por las masivas incautaciones de marihuana ejecutadas recientemente en el departamento.
El EPP migró por la presión, dice Peña
El presidente Santiago Peña afirmó ayer que el atentado atribuido al EPP en el Departamento de Canindeyú responde a un desplazamiento territorial de grupos criminales como consecuencia de la mayor presencia del Estado en otras zonas del país.
El mandatario aseguró que el Gobierno fortalecerá las tareas de inteligencia y ratificó que utilizará “todas las herramientas” para enfrentar a las organizaciones armadas. “Hemos hecho una lucha implacable contra el crimen organizado”, afirmó.
Además, sostuvo que como uno de los principales logros de su gestión, por primera vez, las autoridades paraguayas lograron impedir que cargamentos de cocaína enviados desde puertos nacionales fueran incautados en Europa. En ese sentido, el mandatario sostuvo que la ofensiva desplegada durante los últimos años en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay obligó a las organizaciones criminales a trasladar sus operaciones hacia otras regiones del país.
Según Peña, la presión estatal modificó el mapa del crimen organizado.
Agroganadera denuncia invasión e inacción
La Agroganadera Pindó SA, ubicada frente al Puesto Policial N° 4 de Naranjito, en Canindeyú, emitió un comunicado en el cual sostiene que el ataque a la sede policial que dejó dos policías y un civil fallecidos, además de la destrucción total del lugar y varios vehículos, evidencia el alto nivel de organización, capacidad logística y poder operativo de grupos criminales que desafían directamente al Estado paraguayo.
A partir de ese hecho, plantea que el atentado podría guardar relación con las estructuras criminales que, según afirma, vienen operando desde hace años en un inmueble de su propiedad, de unas cinco mil hectáreas, ocupado ilegalmente en Canindeyú, específicamente en el asentamiento 1° de Marzo en donde están entre 350 y 400 familias.
La empresa señala que durante más de una década presentó denuncias, aportó pruebas y documentó hechos como ocupaciones ilegales, delitos ambientales, destrucción de infraestructura, amenazas y actos de violencia contra trabajadores. El comunicado aclara que no afirma que los responsables del ataque sean los mismos investigados en la causa Pindó, pero considera que existen coincidencias en el territorio, el modus operandi y la presencia de organizaciones armadas que justifican una investigación exhaustiva para determinar posibles vínculos.
Asimismo, cuestiona la falta de una respuesta estatal oportuna frente a las denuncias realizadas durante años, sosteniendo que esa inacción habría favorecido el fortalecimiento del crimen organizado.
Finalmente, exhorta a la Policía Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) a coordinar acciones para recuperar el control territorial, profundizar las investigaciones y evitar que organizaciones criminales continúen consolidando su influencia en la región.
El documento concluye que el ataque trasciende un hecho policial y constituye un problema de seguridad nacional.
Afirma que a pesar de las denuncias realizadas y pese a que existen órdenes de desalojos, estas nunca fueron ejecutadas.
La empresa cree que por el establecimiento cruzaron para llegar hasta el puesto policial y tras cometer los homicidios retornaron nuevamente por el lugar. Exigen a las autoridades intervenir el asentamiento teniendo en cuenta que ellos aportaron pruebas al Gobierno; sin embargo, nunca obtuvieron respuestas.
