El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, a través de la Dirección General de Administración y Finanzas, proveyó el listado de empresas acreedoras de la cartera sanitaria, donde se observa que no son solo empresas farmacéuticas a las que debe el Estado, como se había señalado desde el gobierno anterior y el actual.
En el listado figuran firmas de todo tipo de rubros, desde agencias de viajes, institutos culinarios y de formación, serigrafías, hasta bancos. De acuerdo con el documento presentado a la Cámara de Senadores, se debe la sideral suma de G. 2,8 billones, que al cambio actual son USD 389 millones.
Como si esto no fuera llamativo, en el documento no se consigna el tipo de servicio o producto proveído al Ministerio, por lo que no se conoce el motivo de la deuda. Este hecho fue duramente cuestionado el miércoles durante la sesión de la Cámara Alta, pero pese a esta falta de información los senadores dieron su aprobación a la emisión de bonos de hasta USD 600 millones para pagar las deudas, tanto de Salud Pública como del Ministerio de Obras Públicas.
Dentro de la larga lista se encuentran las empresas procesadas del clan Ferreira, Insumos Médicos (Imedic) SA con dos pagos pendientes, uno de G. 19.554 millones y otro de G. 516.537.970; también Eurotec SA con G. 31.595 millones. Dichas deudas fueron contraídas en el 2022, pese a que las firmas se encontraban suspendidas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas en el 2020 para operar con el Estado por 30 meses. Cabe recordar que ambas empresas se encuentran con una causa abierta. Las firmas fueron sumariadas también por el Ministerio de Salud por el incumplimiento de contrato y mala fe en la presentación de ofertas, además de productos que carecían de calidad técnica.
“Esta lista no solo no pudo ser analizada a profundidad, sino que acá se encuentran casos como Imedic y Eurotec, estas dos empresas que están en juicio oral y público, tienen sanciones de la DNCP. Lo que está pasando es grave porque la lista que están pasando solo tiene nombre y eventualmente el pasivo, ahí falta una especificación que explique a qué insumo está ligado eso, dónde se entregó, si son medicamentos o cuestiones hospitalarias”, cuestionó la senadora Kattya González.
Dijo que la misma situación se tiene con el pasivo del MOPC, donde no se tiene una constancia de las obras, su ubicación, ni verificación de la existencia de las obras.
“Acá hay muchas contradicciones, el gobierno de Santiago Peña presenta al gobierno de Mario Abdo, pero si realmente hay hechos de corrupción por qué ellos deben pagar por obras producto de sobrefacturación o corrupción. Lo que ellos realmente deben hacer es una auditoría, por esto es que decimos que esto es un cheque en blanco y por eso decimos que no puede ser otorgado, pero perdimos abrumadoramente 33 contra 8”, comentó.
El proyecto de ley con media sanción pasó a Diputados.
