Las informaciones sobre el pago de un seguro privado para los funcionarios públicos no es una noticia bien recibida en la población. Lamentablemente, es interpretada esto como otro privilegio más que se concede a una masa, que en una considerable proporción está integrada por adeptos al partido de gobierno y por eso, tiene los beneficios. Mientras el Estado gasta millones en seguros privados para unos pocos, la ciudadanía debe esperar meses para realizarse estudios o depender de polladas para pagar sus tratamientos.
El llamado representa un costo máximo de G. 15.177.600.000 para el Estado (USD 1,9 millones al cambio actual). El contrato será por 12 meses y serán beneficiadas 1.480 personas; y el monto que cada funcionario tendrá para ejecutar al mes es de G. 850.000. Dicho seguro incluye solo a los funcionarios ya que los diputados renunciaron a sus seguros médicos durante la pandemia. No obstante, a fines de año habían recibido un aumento de sus ingresos de G. 6.000.000.
En lo que respecta a la salud pública, sobran los cuestionamientos, los reclamos y las denuncias por falta de camas en terapia, insumos, medicamentos y una atención respetuosa y más humana. Con demasiada frecuencia informan los medios de comunicación y se encuentran reclamos en las redes sociales, sobre enfermos que deben aguardar por horas y en condiciones precarias para consultar con especialistas o para realizarse estudios especializados. También debemos mencionar el cruel e inhumano trato de parte del Gobierno a los pacientes con cáncer, quienes muy a menudo deben mendigar los medicamentos.
Recordemos que Santiago Peña dejó el año pasado sin recursos, la asistencia a pacientes oncológicos para concentrar los recursos en su programa Hambre Cero. De los fondos de Fonacide, eliminado por Peña, se destinaba el 10% a un Fondo Nacional de Salud, con el que se financiaban programas para la salud mental, atención a pacientes oncológicos y la provisión de insumos y equipos para el Ministerio de Salud. El Gobierno dejó estos programas sin USD 49.794.463, pero el golpe de gracia lo dieron los parlamentarios colorados cartistas cuando se opusieron al aumento del impuesto al tabaco, con lo que de sobra habría recursos para asistir para los pacientes con cáncer.
Lo que sostiene la salud de los paraguayos es la solidaridad hecha realidad en forma de rifas y polladas. Y por la falta de mayor inversión en salud pública todavía estamos lejos del ideal de una salud pública universal y gratuita. Somos un país donde se pierden las oportunidades, como las que tuvimos en 2019 cuando la entonces ministra de Salud, Esperanza Martínez, durante la presidencia de Fernando Lugo, anunció la gratuidad de los servicios de salud en los centros y hospitales dependientes del Ministerio, que incluía medicamentos básicos, análisis externos y ambulancia. “Todo lo que hay, será gratis”, había anunciado. Tristemente aquella decisión con los siguientes gobiernos colorados no se avanzó en una política pública de salud.
Una salud pública eficiente es la respuesta ante las discriminaciones y los privilegios. Para eso se debe formular una política que tienda hacia el acceso universal a la salud y cobertura universal, lo que implica que todas las personas tengan acceso a servicios integrales de salud, adecuados, oportunos y de calidad; también medicamentos de calidad, seguros, eficaces y asequibles. Para llegar a este ideal se requiere de decisión, transparencia, compromiso e inversión. Aumentando la inversión del Estado destinada a la salud –un mínimo del 6% del PIB sería lo ideal–, inversión en atención primaria de la salud, además de un riguroso control del gasto público y mayor carga impositiva, particularmente a los productos dañinos para la salud de la población. Ni seguros privados para unos pocos ni polladas, lo que Paraguay necesita es una salud pública de calidad para todos.
