La Contraloría General de la República (CGR) informó ayer que unos 18 intendentes y 684 concejales electos recientemente no presentaron sus declaraciones juradas y la institución aplicará la sanción que consiste en el pago de 300 jornales mínimos, es decir G. 26.415.300.
Armindo Torres, de la dirección general de Declaraciones Juradas, informó que se aplicará un sumario a las personas que no presentaron sus documentaciones.
Agregó que el pago de la multa, 300 jornales mínimos, deberán abonarlo una vez que culmine el proceso de sumario.
“Se comunicó a la dirección de sumarios, donde se prepararán los documentos y cada resolución para la apertura del sumario deberá firmar el contralor general”, comentó.
Luego, corre el plazo de 60 días del plazo del sumario, periodo en el cual pueden seguir presentando las declaraciones juradas, “pero la sanción ya no se revierte”, dijo Torres al tiempo de señalar que “sí o sí deberán pagar”.
Señaló que en caso de no pagar la multa, la ley establece la inhabilitación de ocupar cargos públicos por 10 años y también la cesantía, es decir podrán ser destituidos de sus cargos.
Indicó que para ello, se comunica la falta a las instituciones correspondientes, como el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y se procede a la ejecución de dicha normativa.
Precisó que esto nunca ocurrió, ya que recién desde el año 2019 se vienen aplicando los sumarios.
“No se puede saber quien pagó y quien no la multa, porque nunca se hizo un sumario”, manifestó Torres.
Los intendentes que no presentaron sus respectivas DDJJ son Hugo Peralta de Belén; Virina Villanueva de San Alfredo; Raimundo Lezcano Fernández de San Carlos del Apa; Jorge Agüero Arriola de 1ro. De marzo; Adolfo Quiñónez Zapata de San José Obrero; Víctor Nardelli de R. I. 3 Corrales; Carlos Javier Godoy Fariña de Repatriación; Hugo Alberto Franco Martínez de Tembiaporã; Óscar Molinas, de San Juan Nepomuceno; Germán Gustavo Gneiting de Carmen del Paraná. También, Hugo Iván Ayala de Cerrito; Fermín Sinforiano Candia de Laureles; . Franco Leguizamón de Villafranca, entre otros.
Examen de correspondencia. En cuanto a los intendentes y concejales salientes y reelectos en octubre de este año, sus declaraciones juradas, deberán pasar por un examen de correspondencia que consiste en la evaluación de la proyección del incremento patrimonial sobre la base de un estimativo que la propia ley señala como procedente.
Los auditores comparan las declaraciones juradas presentadas al inicio y al final del ejercicio del cargo.
La CGR no cuenta con la cantidad de recursos necesarios para analizar todas las documentaciones por lo que el examen no se hará a todos.
