Ya en su despacho del 10° piso del Palacio de Justicia, el flamante ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, no tiene respiro desde que juró y tomó posesión del cargo, el miércoles último. En las dos antesalas que hay que atravesar para acceder a él, los sillones están ocupados por personas aguardando ser recibidas. Prolijamente peinado, luce una camisa de ao po’i, cuello mao y bordada, que resalta debajo de su chaqueta azul (no usa corbata). Así nos recibe en la oficina de muebles oscuros a la que todavía falta personalizar, y donde dice no verse inamovible como ya lo son sus 8 pares de la máxima instancia judicial de la República, donde en estos momentos es el más joven de los miembros.
–Su designación fue polémica, tanto, que hasta invocaron un posible quiebre de la democracia, y todos los sectores conservadores, incluyendo los de la Iglesia Católica, se unieron al coro de detractores, detrás del cartismo. Ahora que ya es ministro de la Corte, ¿le genera alguna inquietud estas voces de rechazo?
–No me condiciona para nada, porque como todo el mundo sabe que yo provengo del ámbito político, del Parlamento, que es un espacio de debate y discusiones, pero también del ámbito académico. Y en ambos lugares siempre aclaré que mis posturas no son neutras. Siempre tomo posturas y aclaro desde qué lugar estoy hablando, mi locus de enunciación, y tengo mis detractores. Mi situación es muy particular. Para ciertos sectores soy muy de izquierda; y para otros, muy de derecha.
–¿Cómo se define usted?
–Me defino liberal. Liberal en lo ético, en lo político. Cuando a mí me preguntan digo: Esta es mi forma de pensar, tengo una cosmovisión clara. Me defino ideológicamente liberal y un liberal no puede ser conservador.
La Constitución prevé el pluralismo ideológico. Es importante recordar que en la Corte haya pluralismo ideológico. No crean que aquí hay todos robos replicantes del sentido común hegemónico de la sociedad. Es importante que en la Corte se refleje el pluralismo que hay en la sociedad.
–Pero eso no ha sido la tónica en la Corte ni en las otras instituciones del Estado.
–Después de lo que pasó conmigo, estuve pensando, y me planteé: ¿Por qué esto? Creo que en el caso de la Corte el tema del pluralismo se limitó a una cuestión cromática. Cuántos rojos, cuántos azules, cuántos blancos, cuántos multicolores y, en realidad, la Constitución se refiere a pluralismo ideológico, a las distintas cosmovisiones que conviven en la sociedad.
–¿Cómo toma el hecho de que sus colegas liberales que responden al llanismo -o cartismo- no hayan votado por su designación?
–No me sorprendió, porque ya sabía. Pero en el Senado también se dio una cuestión muy interesante. Me votaron gente de izquierda, de derecha, de centro, de pertenencia liberal y de pertenencia colorada. Yo ya sabía quiénes no me iban a votar. Algunos directamente por una cuestión ideológica. Me dijeron: “Tu forma de pensar no me representa, ya no quiero que alguien como vos esté en la Corte”. Y otros por cuestiones coyunturales, porque hubo reacomodos internos en los partidos políticos más grandes.
El llanismo no me votó por una cuestión coyuntural de posicionamiento interno partidario, en que coincidieron con los senadores que responden al cartismo en el Congreso.
–Hubo algunas críticas objetivas hacia su postulación, como el hecho de provenir más del ámbito político, que del jurídico y de su falta de experiencia en la judicatura. ¿Le coloca esto en situación de desventaja con respecto a los demás miembros de la Corte?
–No, tengo otro perfil. Cuando me plantearon eso, dije, perfecto, es cierto, e hice algunas preguntas: ¿Hay morosidad en el Poder Judicial? ¿Hay denuncias de corrupción?, y me respondieron que sí. ¿Cuántos exponentes del ámbito político están en la Corte? Ninguno, hasta mí, claro. Entonces, el origen de estos problemas es otro. Está vinculado a la gestión, voluntad, y disputas de poder. Este es un aspecto que se trata de ocultar siempre. El Poder Judicial está siempre en medio de las disputas de poder que existen en la sociedad.
La sociedad está en tensión permanente y los factores que tratan de imponer su hegemonía, obviamente inciden sobre el Estado como tal. Sobre el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y, obviamente, sobre el Poder Judicial. Y yo sostengo que en los últimos tiempos el poder de los jueces ha disminuido bastante por varias razones. Al Poder Judicial le cuesta cada vez más mantener su autonomía, no con relación al Parlamento, no con relación al Poder Ejecutivo, sino frente a otros factores de poder que existen en la sociedad.
–¿Hasta qué punto es factible blindar de los poderes fácticos a los jueces y a todo el sistema de justicia, cuando se ha llegado a estos niveles de vulnerabilidad en que el valor de la justicia se cotiza según el mejor postor?
–Este momento epistémico de la democracia tiene como uno de sus elementos centrales la transparencia. Ahí está una veta muy interesante. Cuanto más transparente sea el juez, mejor. Hay que abandonar esa idea de que el Poder Judicial significa una torre de marfil, absolutamente aséptico, sin contactos sociales. No, hay que mostrar al juez tal cual es: Si pertenece a la masonería, a qué iglesia, quiénes son sus relaciones. Qué gremios tienen contacto con él, de tal forma que el ciudadano pueda decir: “Este juez es masón, y mi contraparte también. Tengo derecho a recusarlo”.
Pero estos elementos se ocultan y afectan la imparcialidad de los jueces. Si no se muestran, las partes no tienen forma de recusar o pedir al juez que se aparte de la causa. La transparencia tiene que ir avanzando en esa línea. Saber quién es, sus vinculaciones, sus círculos sociales, sus distintas pertenencias dentro de la sociedad, de modo que pueda haber mayor control también.
–Al asumir como ministro de la Corte prometió que permanecerá solo 5 años en el cargo, y luego volvería a concursar. Casi al mismo tiempo, la Sala Constitucional declara inamovibles a 5 de sus colegas con base en una acción de inconstitucionalidad. ¿Cómo fundamenta su postura, que evidentemente es contraria a sus 8 pares?
–La Corte Suprema de Justicia tiene una dimensión política importante. El Poder Judicial forma parte del Gobierno de la República, por mandato de la Constitución. Tiene un contenido político indudable. El Gobierno está compuesto por los tres poderes, en el caso del Poder Legislativo y el Ejecutivo, deben revalidar cada 5 años sus títulos. La Constitución habla de que los poderes tienen una relación de equilibrio, coordinación y recíproco control. Entonces, para mí es lógico que el otro poder, el Judicial, en su órgano rector que es la Corte, cada 5 años también tendrían que revalidar sus títulos, para que exista equilibrio. La jurisprudencia predominante al respecto, aplicada ya como en 15 casos, ya es una jurisprudencia pacífica, pero yo tengo otra tesis.
–¿Seguirá pensando igual dentro de 5 años?
–Siempre pensé así, por lo que no creo que esto me cambie de más. Digo además, no me veo 25 años en la Corte, pero también nunca me vi como ministro de esta instancia. Mis objetivos eran otros, pero sostengo esto, y no creo que cambie en 5 años.
–Igual quedará esto en los archivos y alguien le recordará si cambia de opinión dentro de 5 años…
–A mí me encanta resistir a los archivos. Estuve casi tres períodos constitucionales completos como parlamentario y siempre me jacto que resisto a los archivos. Confío en que en este caso también.
–La Justicia paraguaya ha cambiado poco o nada en cuanto a los niveles de corrupción, aun con la designación de ciertos jueces independientes y honestos. ¿Cómo cambiar un sistema judicial así que, tarde o temprano, termina cooptando o venciendo a quienes intentan permanecer limpios?
–Entre los maestros de Derecho que he tenido, el argentino Alberto Binder siempre nos hablaba de la necesidad de consolidar el poder de los jueces. Creo que un grave problema es la debilidad de los jueces por la falta de autonomía, la falta de independencia.
Como ejemplo, un caso concreto, el caso González Daher: Nos espantamos de todo lo que supimos en torno a él en su calidad de presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), pero más allá de su problema ético personal, fue producto del sistema que tenemos hasta hoy.
–¿A qué se refiere?
–Consiste en lo siguiente, el JEM puede investigar de oficio, sin que nadie denuncie, a cualquier juez, a cualquier fiscal. Entonces, de qué autonomía estamos hablando. Si yo soy juez y a la hora de dictar sentencia no tengo que mirar tanto el Código ni la Constitución, sino ver si no se va a molestar algún miembro del JEM. O que si mi sentencia no favorece a una de las partes, sobre todo si es poderosa, pueda significar finalmente mi destitución. Entonces, ¿cómo se combate la corrupción de esta manera si los jueces no tienen suficiente independencia? Fui proyectista de la modificación de la ley del JEM, justamente, para eliminar esa oficiosidad de este organismo. Y no pudimos, perdimos por mayoría en el Senado. Y a mí me consta, siempre hablé con jueces y fiscales, y tienen pavor. A veces uno puede ser muy valiente, pero no te sirve de nada, porque te pueden destituir por una sentencia que molestó a un sector poderoso, y sin que nadie te denuncie.
–Pero el ciudadano precisa de una instancia donde denunciar a jueces venales, o que cometen prevaricación.
–Por eso nuestro planteamiento fue designar fiscales especiales, por ejemplo. Que un ciudadano vaya y presente su denuncia. Que se le facilite este trámite. Aun no siendo parte en una causa. Que recién ahí empiece a investigarse al juez denunciado.
La Constitución dice que los habitantes del Paraguay tenemos derecho a ser juzgados por un tribunal imparcial. Entonces, si yo te investigo y a la vez soy tu juez, como es el caso del JEM, ¿de qué imparcialidad hablamos? Para mí es inconstitucional.
Con ese proyecto buscábamos darle mayor poder y libertad para que puedan decidir. Sin eso es imposible hablar de combatir en serio la corrupción. Los jueces van a preferir inhibirse, excusarse, etc.
–¿Trabajaría el tema con los propios jueces?
–Con ellos y con el Parlamento. Hay que escuchar a los jueces y esperemos que en algún momento se pueda modificar esa ley para ayudar a que estos puedan trabajar con mayor tranquilidad.
–Prometió reducir la mora judicial y trabajar por la actualización de la ley del Código de Organización Judicial. ¿Por qué se enfoca en estos puntos?
–Bueno, me dijeron que el Código de Organización Judicial tuvo muchas modificaciones, y es cierto. Pero las sociedades se mueven también por gestos simbólicos que deben atenderse. Resulta que este Código es de 1981, de la dictadura. Y la Constitución de 1992 dice expresamente que nuestro Gobierno es democrático, que el Poder Judicial es el custodio de la Constitución democrática, ¿pero cómo se va a regir por un código que es de la época de la dictadura? Es un contrasentido. Por eso me interesa trabajar este tema.
En cuanto a la mora judicial, sé que se está haciendo un gran esfuerzo, y lo que quiero sumar es una herramienta científica, saber qué porcentaje de los expedientes están en mora, por fuero y circunscripciones. No solo estadísticas cuantitativas, sino también cualitativas, para determinar las causas y a partir de esto, plantear cursos de solución. En esto será muy interesante trabajar con las universidades. Probablemente, desde la próxima semana, un grupo de investigadores de la Universidad de Pilar me ayudarán a tratar de hacer ese trabajo ya con expedientes de la Sala Constitucional, que es la que me corresponde integrar.
–¿Cuáles son los 3 problemás urgentes del Poder Judicial sobre los que hay que poner en marcha respuestas contundentes y rápidas?
–La morosidad, la actualización del Código de Organización Judicial, y la corrupción, no solo del Poder Judicial como tal, sino incluyendo el combate al crimen organizado. Este es un problema grave que puede convertirnos en un Estado fallido. Entre mis propuestas de acción está trabajar este tema con otras instituciones.
–La percepción general y la experiencia de muchos ciudadanos es que la justicia en Paraguay es solo para los sectores poderosos. ¿Cómo cambiar esto?
–Hay que profundizar la democratización del Poder Judicial. Una administración de la justicia con puertas cada vez más abiertas, que la sociedad vea a los jueces como ciudadanos comunes con responsabilidad de decir el derecho, nada más. No como semidioses a los que casi nunca se los ve.
La democratización no pasa solo por la forma de elegir un presidente o un ministro de la Corte, sino por toda una cultura institucional que debe instalarse. Hay que hallar más mecanismos que faciliten el acceso a la justicia. Por eso no me gusta eso de justicia pronta y barata, porque la estamos tratando como una mercancía, no como un derecho.
El Poder Judicial está siempre en medio de las disputas de poder que existen en la sociedad. Los factores que tratan de imponer su hegemonía, obviamente inciden sobre el Estado como tal, sobre los poderes.
No me sorprendió, porque ya sabía: El llanismo no me votó por una cuestión coyuntural, de posicionamiento interno partidario, en que coincidieron con los senadores que responden al cartismo en el Congreso.
De qué autonomía estamos hablando, si soy juez y, a la hora de dictar sentencia, no tengo que mirar tanto el Código ni la Constitución, sino que no se moleste algún miembro del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
El Poder Judicial es el custodio de la Constitución democrática, ¿pero cómo se va a regir por un Código de Organización Judicial que es de la época de la dictadura? Es un contrasentido.
