18 jul 2026

No hay conformidad plena entre liberales tras verificación de máquinas de votación

La verificación técnica de las máquinas de votación comenzó este miércoles en su segunda etapa, esta vez, para el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Algunos sectores manifestaron su disconformidad. El senador Éver Villalba dijo que no hay transparencia en el proceso.

verificacion de maquinas del PLRA

Técnicos mostraron las partes de las máquinas de votación ante representantes del PLRA.

Foto: Gentileza.

Las máquinas de votación se desarmaron este miércoles frente a los representantes de los movimientos del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para el primer día de la revisión técnica, en la que se evalúa el hardware, y culminará este jueves con el análisis del software, tal como se realizó el lunes y martes para el Partido Colorado.

Los liberales son cautelosos a la hora de dar sus observaciones, ya que no están totalmente conformes con todo el proceso, que intenta mostrar que las máquinas que se usarán el 7 de junio en las internas partidarias simultáneas son fiables. Esta revisión se realiza a pedido del Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA.

El coordinador del movimiento Liberales Democráticos (Lidera), Luis Fretes, participó de la jornada de revisión en la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) y denunció que pudo entrar recién después de altercados porque cuando llegó al lugar no le dejaron entrar por no ser apoderado.

Lea más: Colorados disidentes acceden a código fuente de máquinas de voto, pero insisten en más seguridad

Indicó que eso es ilegal ya que al ser un candidato se vuelve un “apoderado natural” que no necesita acreditación. Además, la revisión es un proceso público, no judicial, que deba llevarse de forma secreta. A pesar de ello, le sacaron el teléfono antes de permitirle el ingreso.

El TSJE realizó una auditoría en febrero pasado, no obstante, Fretes indicó que no cumplió con los parámetros legales para entrar en la categoría de “auditoría”. Entre algunas de las críticas, mencionó que en esa ocasión solo se hizo una exhibición de las máquinas y 30 técnicos hicieron un comunicado para advertir que no cumplió los estándares internacionales.

El referente liberal comentó que para esta jornada de revisión, la persona encargada de la explicación del funcionamiento del hardware se limitó a mostrar las partes y no aclaró la relación con el funcionamiento integral de la máquina.

Manejo “oscuro”

El senador liberal Éver Villalba sostuvo durante una sesión que el TSJE no es transparente y pidió a referentes de oposición que “decidan si van a estar del lado de la gente o se van a subir en el carro y discurso del cartismo”.

Indicó que las dudas ya comenzaron durante el incendio de la sede del TSJE en el 2022, donde perdió la vida un funcionario y se quemaron 7.600 máquinas de votación, y la investigación no concluyó.

La segunda crítica que hizo Villalba fue que el TSJE tardó en hacer el llamado a licitación para compra de máquinas, “sin respetar la ley”, ya que los partidos no tuvieron acceso a los software “y no se les dio participación en la elaboración del pliego de bases y condiciones” para la adquisición.

Hizo hincapié en que desde una comisión del Congreso en su momento ya se presentaron observaciones para alertar que había debilidades en materia de seguridad y que las máquinas no cumplían requisitos.

Igualmente, el parlamentario recordó que el Consorcio Comitia MSA fue calificado por el TSJE como proveedor de mala fe durante el proceso de licitación, sin embargo, resultó ganador y actualmente es defendido por la institución.

“Acomodaron todo para darle el servicio de alquiler sin cumplir estándares de seguridad”, señaló.

Finalmente, cuestionó que la auditoría de febrero pasado fue dirigida por Comitia, es decir, “la empresa auditada era la auditora”, a decir de Villalba. “No tuvieron acceso profesionales técnicos y de la academia”, agregó.

Villalba indicó que las máquinas no son “una caja boba” sino una computadora con disco duro, tres software y una impresora integrada.

Más contenido de esta sección
La Federación Internacional de Periodistas (FIP) y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (FEPALC) respaldaron la denuncia realizada por el Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) ante la revelación de una estructura sistemática de ataques digitales orientada a amedrentar, hostigar y desacreditar a trabajadores y trabajadoras de prensa en el país.
El canciller nacional Rubén Ramírez Lezcano desplegó una intensa agenda diplomática en Washington, donde mantuvo reuniones con altos funcionarios estadounidenses para reforzar la cooperación en seguridad regional, la lucha contra el antisemitismo y las relaciones bilaterales. Además, sostuvo un encuentro con el futuro canciller de Colombia, Omar Bula, con quien acordó reactivar los mecanismos de diálogo entre ambos países en el marco del cambio de gobierno en Bogotá.
Dirigentes de la disidencia colorada que responden al movimiento Colorado Añetete, en el Departamento de Concepción, denunciaron una supuesta persecución política y cuestionaron al Gobierno por esta práctica. Las declaraciones fueron realizadas durante un mitin político en el que estuvo presente el presidenciable Arnoldo Wiens.
El comunicador y abogado Rubén Penayo, en su carácter de funcionario nombrado del Congreso Nacional, presentó una nota ante la Contraloría General de la República (CGR), en el marco de la denuncia contra el presidente del Congreso, senador Basilio Bachi Núñez, para solicitar una auditoría a su gestión. Además, lo denunció de haber incorporado, sin concurso, a cerca de 800 funcionarios.
El presidente Santiago Peña se reunió con autoridades de control del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos en busca de alianzas para la lucha contra la corrupción. El plan es coordinado por el contralor Camilo Benítez.
La Coalición #PorLosBosques expuso a representantes del diputado José Rodríguez, quien lidera el proyecto de ley para permitir actividades de prospección de hidrocarburos y minerales dentro del Parque Nacional Médanos del Chaco. Las diversas organizaciones advierten que la iniciativa implicaría un retroceso en la protección ambiental, podría vulnerar derechos de comunidades indígenas y poner en riesgo compromisos internacionales asumidos por Paraguay.