Una madre, cuyo esposo está en prisión por supuestamente violar y embarazar a su propia hija de 13 años, denunció que ya se quedó prácticamente sin dinero para mantener a sus seis hijos y al nieto que nació producto de un abuso.
A esto se suma que en varias ocasiones recurrió a las autoridades para expulsar a los familiares de su esposo, que ocupan las tierras de la pareja en Curuguaty, pero hasta el momento no tiene respuestas, informó el corresponsal Elías Cabral.
Se trata de unas hectáreas que consiguieron a través del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert).
La mujer refirió que los niños están pasando hambre y que ya no quieren ir a la escuela por el trauma que les genera el conflicto con sus propios tíos.
Esta situación generó la reacción de los vecinos, quienes amenazan con “hacer justicia por manos propias” si el Ministerio Público sigue ignorando la denuncia realizada el 26 de marzo sobre invasión a la propiedad privada.
“Nosotros queremos que se haga rápido la justicia, porque la comunidad ya va a reaccionar contra esta gente, vamos a hacer justicia a nuestro modo, haremos el desalojo, por la intranquilidad que generan. En vez de traer alimentos les persiguen y quieren quitarles lo que tienen”, refirió una de las pobladoras.
Última Hora intentó conocer la versión de los ocupantes. Una mujer que se presentó como Nilda, pareja del hermano del presunto abusador que se encuentra en la cárcel de Coronel Oviedo, dijo que son tres los ocupantes del inmueble, pero no mostró documentos que lo demuestren. Se limitó a decir que existen plantaciones, mejoras y la propia vivienda que prueban su versión.
Aseguró que están dispuestos a recurrir al llamado de la justicia cuando se les convoque para demostrar que la mitad de las tierras pertenece a los hermanos del procesado.
Por otra parte, los agentes fiscales Lucrecio Cabrera y José Martín Morínigo dijeron que desconocen el caso, pero que se interiorizarán sobre la denuncia para actuar en consecuencia.
Los nombres de los padres y de la niña se omiten en cumplimiento del artículo 29 del Código de la Niñez, que prohíbe la publicación de datos que posibiliten identificar a los menores en condición de víctimas.
