07 ago. 2025

Niegan devolución de celulares a una coprocesada por coima

El juez José Delmás rechazó ayer el pedido de devolución de los teléfonos celulares, que fue solicitada por la abogada Liz Elena Martínez, procesada en la causa de supuesto pedido de coima a la familia de un procesado por homicidio, a cambio de una salida procesal favorable. En el caso también está implicada la fiscala Ana Girala.

Martínez solicitó la devolución de sus teléfonos, alegando que ya se realizaron en su totalidad la extracción de los datos y que se ha devuelto al depósito de evidencias del Laboratorio Forense los tres dispositivos móviles y un pendrái que le fueron incautados.

Sobre el pedido, la Fiscalía contestó que en el requerimiento de acusación fiscal se han ofrecido dichos celulares como evidencias, constituyendo, de esta manera, piezas fundamentales para el caudal probatorio, por lo que la solicitud de devolución es improcedente.

Con base en la respuesta de la Fiscalía, el juez sostuvo que los dispositivos estarían sujetos a corroboración y comparación con las demás pruebas ya colectadas, las cuales en su totalidad deberán ser analizadas de manera conjunta y armónica en la etapa procesal oportuna, motivo por el cual rechaza la devolución de los aparatos, por improcedente.

Más contenido de esta sección
El ministro César Garay aclaró al pleno de la Corte Suprema de Justicia que firma de puño y letra los expedientes tramitados en su despacho, haciéndolo con “absoluta regularidad”. Esto, ante dudas de que no firmaba los fallos, teniendo en cuenta que estuvo internado por problemas de salud.
La Sala Penal de la Corte, finalmente, dispuso la internación en un hospital siquiátrico de un hombre que sufre de una enfermedad y que mató a martillazos a sus padres y los enterró en el patio de su casa en el 2014. Los ministros anularon la resolución del Tribunal de Apelación Penal.
Se comprobó en juicio que Ramón González Daher extorsionó con cheques que fueron hurtados de un Juzgado en el 2021. Esta causa se suma a las condenas por 15 años, 6 años y 7 años de encierro que recibió anteriormente.
La ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, anunció la creación de una fuerza de tarea para combatir la expansión de la organización criminal Primer Comando de la Capital (PCC) de Brasil, en el vecino país. También impulsa la extradición de Fabio Rosa Carvalho, miembro del PCC, prófugo de la justicia brasileña y detenido por la Policía Federal en Buenos Aires.
Inocente Sosa, un hombre de 72 años, fue detenido por la Policía, tras ser buscado desde el año 2002, imputado por el entonces agente fiscal Raúl González Valdez por supuesta tentativa de homicidio. La jueza de Garantías, Lici Teresita Sánchez, le dio arresto domiciliario teniendo en cuenta su edad.
Pobladores denuncian ausencia total de patrulleras y de autoridades del orden mientras presuntos adictos ingresan a las viviendas para robar lo que tienen al alcance, manteniendo en constante zozobra al barrio Caacupemí, de la compañía Ñu Porã de la ciudad de Areguá, Departamento Central.