Desde el 18 de abril hasta la fecha, las protestas contra el Gobierno del presidente Daniel Ortega han dejado 448 muertos, 2.830 heridos -de ellos 72 con lesiones permanentes-, 595 desaparecidos, cientos de detenidos y decenas de procesados, según un informe divulgado hoy por la no gubernamental Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).
Entre los fallecidos, la organización reportó una brasileña, un estadounidense y un guatemalteco.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reportó la muerte de al menos 295 personas en los primeros 99 días del estallido social.
La CIDH, con el apoyo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), ha responsabilizado al Gobierno de Nicaragua de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país, pero la Administración de Ortega lo niega.
La grave crisis política que vive Nicaragua desde abril pasado cobrará otra víctima, la economía, que solo este año se calcula retrocederá al menos 3% en su producto interno bruto (PIB), advirtió el gerente general de la Bolsa de Valores de este país, Gerardo Argüello.
“Las proyecciones hablan de un decrecimiento del 1, 3 y 5 (por ciento), no se sabe la verdad, porque no se sabe cómo va a terminar todo este año, pero sí le puedo decir: Las empresas en Nicaragua se están viendo enfrentadas a una baja sustantiva de sus ventas”, dijo a EFE el experto bursátil.
El Consejo Superior de la Empresa Privada de Nicaragua (Cosep) denunció ser víctima de acoso por parte del Gobierno a través de la retención de bienes, repuestos y maquinaria, lo que se rechazó por la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Según la denuncia del Cosep, desde hace más de un mes se encuentran retenidas en aduana materias primas, insumos, repuestos, partes y accesorios para maquinaria y productos, destinados al uso de máquinas agropecuarias, comerciales e industriales. Que de no solucionarse, se pone en riesgo la seguridad alimentaria de la población nicaragüense.
Por su lado, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) condenó la crisis que vive Nicaragua y alertó que la situación afecta la economía de la región centroamericana.
Según la UCCAEP, debido al conflicto nicaragüense se empezó a reportar desabastecimientos de algunos productos, lo que pone en riesgo el balance comercial de la integración regional, ocasionando cuantiosas pérdidas para comerciantes e industriales.
En tanto, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) expresó su respaldo absoluto al Cosep en su lucha por la paz, justicia y democracia en Nicaragua, y extendió su respaldo a los micro, pequeños, medianos y grandes empresarios y sus colaboradores que han tenido que reducir sus operaciones, cerrar en muchos casos sus negocios, sufrir la pérdida de empleos y el desempleo que serán difícil de recuperar.
Durante la jornada, los denominados Autoconvocados, opositores al Gobierno, celebraron manifestaciones en diferentes ciudades en el marco de los 100 días de protestas, sin incidentes.
Un grupo de estudiantes de Medicina nicaragüenses también rindieron homenaje a Rayneia Gabrielle Lima, su compañera de origen brasileño asesinada la noche del pasado lunes en el sur de Managua, víctima de los disparos de un grupo de paramilitares, según informó el rector de la Universidad Americana (UAM), Ernesto Medina.
También la Policía confirmó que mantiene detenido al alcalde opositor del municipio de Mulukukú, Apolonio Fargas, y lo señaló de pertenecer a un grupo “terrorista” que atacó una delegación policial y donde resultaron muerto tres oficiales y un civil.
En tanto, un grupo de encapuchados armados intimidó a los trabajadores de la empresa ND Medios, uno de los grupos mediáticos más importantes de Nicaragua.
La vicepresidenta Rosario Murillo instó a los nicaragüenses a no admitir dentro de su ser sentimientos de odio y rencor, ni albergar deseos de venganza.
Nicaragua atraviesa la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de los años de 1980, también con Daniel Ortega siendo presidente.
Las protestas contra Ortega se iniciaron el 18 de abril, por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.
