A veces, este bendito país nos brinda imágenes tan contradictorias que parecen extraídas de las páginas de una obra de ficción absurda. En la mañana del jueves pasado la Cámara de Senadores rindió homenaje a la película Apenas el sol, el notable documental de Arami Ullón en el que se narra la realidad de los ayoreos en el Chaco, desplazados y silenciados por el despojo de sus territorios y su modo de vida.
Fue una ceremonia merecida para una película paraguaya que está doblemente postulada al Oscar y ha recibido excelentes críticas. Los discursos hacían referencia a la importancia de la promoción de las lenguas nativas y la revalorización de la cultura originaria.
En el acto de reconocimiento, el indígena Mateo Sobode Chiqueno, quien, con una vieja grabadora rescató cantos y relatos de su pueblo, pidió que el Gobierno proteja sus tierras ancestrales, pues “nos estamos muriendo de a poco”, como exclamó en su idioma nativo. Él había pronunciado la frase que inspiraría el título del documental: “Tal vez el sol es lo único que la gente blanca no considera como su propiedad”.
Mientras este emotivo acto se realizaba, a 200 kilómetros de allí, en la comunidad de Huguá Po’i, Departamento de Caaguazú, un aparatoso despliegue policial desalojaba de sus tierras a setenta familias mbyá guaraní. Organizaciones indigenistas aseguran que el predio ocupado desde 2014 forma parte de sus tierras ancestrales y que allí está asentado el cementerio de la comunidad. Del otro lado, una sociedad de sojeros alemanes sostiene que posee el título de la propiedad en cuestión.
Más allá de los argumentos jurídicos, se dibuja una postal repetida, previsible y penosa de la realidad de los indígenas en Paraguay. Allí estaba la impresionante fuerza disuasoria del Estado con sus cascos azules, efectivos de la Montada y el sobrevuelo de un helicóptero. Los indígenas, con sus niños y ancianos, fueron obligados a quedarse a la vera de la ruta, con sus escasas pertenencias.
Pero allí no estaba el musculoso Estado para protegerlos. No apareció el Indi para asegurarles transporte y albergue digno. No estaba el defensor del Pueblo para recordar que ese desalojo violaba la Constitución Nacional y que hace más de diez años la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya había condenado al Paraguay por casos similares. Seguimos sin escuchar: el hecho de que las tierras estén en manos de particulares no es argumento suficiente para denegar el derecho de restitución territorial, por lo que el Estado, antes de desalojar, debe valorar los derechos de todas las partes interesadas.
Esa es la imagen que, como una mueca burlona, ofrece nuestro país al mundo. Mientras decimos estar orgullosos de la herencia cultural de nuestros pueblos originarios, los arrojamos al costado del camino, abandonados a su suerte, bajo una intensa lluvia. A esas familias mbyá guaraní ni siquiera el sol parecía pertenecerles.
El desalojo del que hablamos es uno más de tantos otros. Solo este año han ocurrido más de una decena. El acaparamiento de tierras por el agronegocio produce un desplazamiento forzoso que termina en un exterminio indoloro.
Esa tensión por el territorio es demasiado desigual. Los indígenas pierden siempre, porque enfrente tienen un Estado cómplice del propietario blanco. Los que desalojan tienen siempre títulos de propiedad, órdenes judiciales, acompañamiento fiscal y policial y hasta guardias privados armados, por si hiciera falta. Jueces, funcionarios y políticos venales darán fe de la pureza de sus papeles. No servirá de nada recordar lo que establecen la Constitución, las leyes y los tratados internacionales. Paraguay no cumple lo que está en las normas. Manda el más fuerte. Desde hace más de medio siglo, los indígenas siempre pierden.
Imposible no emocionarse con las imágenes de la película de Arami Ullón, sin enfurecerse con el papel del Estado en Huguá Po’i.
