El plazo de 10 días hábiles que tenía el jefe comunal tras promoverse un amparo constitucional para contestar el pedido de información pública del abogado Ezequiel Santagada del 5 de agosto pasado, feneció este miércoles. La Municipalidad de Asunción llegó al plazo límite para contestar.
Subió esta jornada un documento PDF de 300 páginas al Portal Unificado de Información Pública, donde figura fuera de plazo, ya que por ese sistema venció anteriormente el tiempo.
Recién con el amparo constitucional se estableció una prórroga de ultimátum. Este fue notificado el 5 de febrero de 2025.
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Benito Torres, director de Asesoría Jurídica de la Comuna, explicó a Última Hora que el documento físico será presentado a la Justicia entre este miércoles y jueves, alegando que su plazo, en realidad, fenece el 20 de febrero y, si es por plazo procesal, a las 09:00 del 21 del corriente mes.
El abogado que promovió el pedido de la información pública posteó desde su cuenta en X que recibió la contestación.
“Hace unos minutos recibí la respuesta de la @AsuncionMuni a mi solicitud de acceso a la información. Lastimosamente para @nenechopy lo público no es público. Solo responde por orden judicial. Bueno, acá está; la información es de toda la ciudadanía: https://informacionpublica.paraguay.gov.py/#!/ciudadano/solicitud/88209 (sic)”, compartió.
Hace unos minutos recibí la respuesta de la @AsuncionMuni a mi solicitud de acceso a la información.
— Ezequiel Santagada (@EFSantagada) February 19, 2025
Lastimosamente para @nenechopy lo público no es público. Sólo responde por orden judicial.
Bueno, acá está; la información es de toda la ciudadanía: https://t.co/6APFt2q6ov
Si Nenecho no cumplía con el plazo del amparo, se exponía a una intimación de cumplimiento bajo pena de desacato.
El abogado Federico Legal patrocinó a Ezequiel Santagada para promover el amparo constitucional contra la administración de Rodríguez con el objetivo de contar con los documentos que expongan la deuda total de la Comuna.
Esta información puede ser fundamental para saber qué pasó con los G. 500.000 millones faltantes, según los últimos balances presentados por el intendente de la capital.
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El amparo constitucional exige que la Comuna publique en su página web la deuda total de la institución, discriminada por monto recibido y por bancos, financieras, cooperativas y personas físicas o jurídicas dedicadas a la concesión de créditos, reguladas o no por la Superintendencia de Bancos o el Incoop.
Así también pide el detalle de cada emisión de bonos en la que hayan intervenido casas de bolsa y/o cualquier otro intermediario financiero regulado o no por la Superintendencia de Valores que estén pendientes de pago, con mención de los intervinientes.
Entre otras informaciones, pidió la indicación de la fecha en la que se contrajo cada obligación, los nombres de cada acreedor, los pagos realizados y el detalle de los pagos pendientes, discriminando capital e intereses.
¿Y la plata?
En el último balance general del año 2023 presentado por Óscar Rodríguez, el total de bonos en el activo era específicamente de G. 540.541.554. Este monto no reflejaba el saldo de bonos que se hacía constar en la ejecución presupuestaria de ese mismo año, que ascendía a los G. 569.871.791.183.
El balance socializado por última vez por la Comuna, correspondiente al segundo cuatrimestre del 2024, muestra una disponibilidad de G. 20.387.654.902 en el activo correspondiente a los bonos, y una diferencia de G. 19.883.113.348 en comparación con el saldo del año pasado.
En el documento de ejecución presupuestaria al 2024, también se indica que hay G. 506.737.239.031 en el saldo de bonos. Mientras que en el estimado de ingresos del presupuesto municipal del 2025, se expone que el saldo de bonos asciende a G. 410.688.317.108.
