22 nov 2026

Nativos ayoreo rechazan intento de elevar pena por invasiones de tierras

La Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay repudió los proyectos de ley presentados en la Cámara de Senadores que pretenden elevar la pena por la invasión de tierras y suspender los subsidios del Estado a personas imputadas por este tipo de hechos.

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Nativos rechazan intención de aumentar penas por invasión de tierras .

Foto: Gentileza

La Unión de Nativos Ayoreo del Paraguay (UNAP), a través de un comunicado, expresó su repudio y rechazo a los proyectos de ley que castigan con pena privativa las invasiones de tierras y suspenden subsidio a personas imputadas por el hecho.

Uno de estos proyectos fue presentado por el senador Enrique Riera y pretende establecer una pena privativa de libertad de hasta 6 años por la invasión de tierras.

La otra propuesta cuestionada fue presentada por los senadores Sergio Godoy, Antonio Barrios, Enrique Riera, Fidel Zavala, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussern, Patrick Kemper, Enrique Bacchetta y Fernando Silva Facetti.

Este proyecto determina que serán desestimados los expedientes de expropiación a favor de invasores sobre inmuebles que sean objeto de invasión ilegítima y hayan tenido intervención judicial. Además establece que el acceso a subsidios del Estado quedará suspendido ante una o más imputaciones por parte del Ministerio Público por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno y hasta la completa desvinculación del proceso.

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Ambos proyectos se encontraban en el orden del día de la Cámara de Senadores, pero fueron postergados sus estudios.

Los nativos señalan que estas modificaciones, inconstitucionales y violatorias del Estado, son incompatibles con los principios básicos del Derecho Penal de un Estado de Derecho y son una amenaza a los principios y garantías que rigen a la República.

“La propiedad privada que protege este proyecto de ley es la de los usurpadores, tanto de quienes tienen títulos falsos como la de los terratenientes sin títulos. Estos proyectos de ley pretenden legitimar a quienes se han invalidado nuestras tierras ancestrales, usurpando nuestros territorios a sangre y fuego”, sostienen.

La organización advierte que de ser aprobadas estas modificaciones de ley las acciones en defensa de la tierra y las de recuperación de las tierras usurpadas por los terratenientes serán consideradas actos criminales, si la reivindicación proviene de comunidades indígenas o de las organizaciones campesinas.

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“Este proyecto de ley criminaliza nuestro derecho constitucional al territorio, dejándonos sin amparo legal ni seguridad jurídica, con un claro recorte de garantías constitucionales y procesales. Por tanto nos declaramos en asamblea permanente por el rechazo de este proyecto de ley velando por la protección de nuestros derechos y de nuestros territorios”, expresan.

El líder ayoreo Juan de la Cruz Ajojai, de Carmelo Peralta, denunció a través de su cuenta de Facebook que desde hace décadas los pueblos indígenas son víctimas de robos de tierras.

“En épocas anteriores nos robaron todos nuestros recursos que tenían nuestros antepasados abuelos, hasta el polvo de nuestro querido territorio en donde se encuentran las tumbas o cementerios de nuestros seres queridos”, lamentó.

Aseguró que los proyectos van contra los principios de la Constitución y no protege sus tierras.

“Es un atentado contra la vida de los Pueblos Indígenas quienes desde un principio poblaron este país. Estamos atentos al llamado de nuestra organización Unión de Nativos Ayoreo de Paraguay (UNAP) para cualquier manifestación en contra de estos que quieren usurpar las tierras indígenas o campesinas”, manifestó.

En el mismo sentir, los líderes y lideresas de las organizaciones indígenas que conforman la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI), enviraron una nota al presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón, en el que expresan su preocupación ante el polémico proyecto.

Los miembros de organizaciones indígenas aseguran que esta iniciativa tiene la intención de criminalizar los desatendidos reclamos de los indígenas y campesinos.

Lamentan que esta situación se dé en un país donde las autoridades se encuentran en deuda por no realizar ninguna acción para reparar o hacer justicia ante la gran desigualdad económica y social existente en el Paraguay, en especial respecto a distribución de tierras en cantidad y calidad.

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