EFE
Conamuri se adhirió a un comunicado conjunto firmado por otras organizaciones defensoras del campesinado y los pueblos indígenas, como el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), así como por colectivos feministas de todo el continente.
El comunicado rechaza el asesinato de Cáceres, de quien recuerda “sus acciones constantes por la protección del territorio ante la implementación de proyectos hidroeléctricos y mineros y las denuncias por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y el pueblo hondureño”.
También denuncia que la activista fue perseguida, amenazada y privada de su libertad y de su derecho a disfrutar de sus hijos a consecuencia de su militancia.
Las organizaciones también rechazaron “el esquema paramilitar de defensa de los megaproyectos, la persecución y la criminalización de las luchadoras, como parte de un plan sistemático de los Gobiernos que sostienen y refuerzan este sistema capitalista, colonial y patriarcal”.
Llaman además a la solidaridad entre todas las organizaciones con el fin de “demostrar la fuerza que en unidad construyen las feministas en toda Abya Yala”, en referencia a uno de los nombres que los indígenas precolombinos dieron al continente americano.
Cáceres, miembro del pueblo indígena lenca, fue asesinada en su casa en la ciudad de La Esperanza, de donde era originaria.
Hasta ahora, las autoridades hondureñas han informado de una persona detenida en relación con el crimen y de otra que resultó herida en el asalto, quien sería el ambientalista mexicano Gustavo Castro.
Los restos de Cáceres, cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993, son velados hoy en La Esperanza entre la conmoción y el repudio de los hondureños.
Organismos como Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Unión Europea (UE), Amnistía Internacional o el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) condenaron hoy el asesinato de Cáceres y lamentaron la falta de protección en la que vivía pese a estar amenazada de muerte.
