La protesta, que venía desarrollándose de noche, en San Ignacio, se intensificó este lunes en horas de la mañana con el compromiso de impedir el ingreso de trabajadores a la obra.
A pesar de la inestabilidad climática, los manifestantes se congregaron frente al portón de acceso, donde dos mujeres embarazadas se encadenaron como símbolo de resistencia.
Nelly Molinas, de 32 años, con siete meses de embarazo de alto riesgo, dijo que no están en contra del proyecto, pero exigen que se instale en otro lugar, porque la obra está a solo 30 metros de sus viviendas.
“Aquí viven adultos mayores, niños y familias trabajadoras. Además, en el fondo están talando árboles que fueron plantados por nuestros abuelos, queremos saber también qué harán con eso”, expresó la mujer.
Nelly vive a escasos metros de la desembocadura proyectada para los desechos cloacales, que irían directamente al arroyo por detrás de su vivienda.
“No puedo quedarme con los brazos cruzados”, afirmó.
Junto a ella, Verónica Uliambre, de 34 años, y con cinco meses de embarazo, también se encadenó en señal de protesta.
“Somos muchas familias aquí. No queremos esta planta en medio del vecindario. No estamos en contra de la obra, pero sí de su ubicación ¿Qué vamos a hacer cuando empiece el mal olor? ¿A dónde nos vamos a ir?”, dijo Verónica.
La planta es necesaria y no se puede modificar el proyecto, dice intendenta
Por su parte, la intendenta Cristina Ayala defendió la obra con argumentos técnicos y urgencia sanitaria.
Explicó que San Ignacio está creciendo rápidamente y los pozos ciegos van a colapsar. Dijo que esta planta es necesaria y no se puede modificar el proyecto.
Informó que el pliego fue aprobado por el Banco Mundial. Dijo que más de 55.000 personas esperan esta obra y que está abierta al diálogo.
“Pero ellos deben escuchar, entender y no ser necios”, puntualizó.
Ayala aseguró que se trata de una decisión basada en estudios científicos y que se desplegará un equipo social para dialogar con los vecinos.
