EFE
Una de las principales consignas del movimiento tiene que ver con cambiar de lugar el debate sobre el aborto del área penal hacia un “escenario de la salud pública”, dijo Tania Nava, una de las manifestantes, que dirige Católicas por el Derecho a Decidir.
“La salud pública resulta ser el escenario idóneo para tratar el problema porque desde la salud pública las obligaciones que asume un Estado son las de procurar una intervención oportuna de una práctica médica realizada en condiciones de salubridad”, argumentó Nava.
La movilización se produce cuando el Parlamento boliviano elabora un nuevo código del sistema penal en el que se plantea la ampliación de las causales para la realización de los abortos y añadir entre ellas la pobreza, el tener varios hijos o el ser estudiante.
Hasta ahora la interrupción legal del embarazo se restringe a los casos de violación, malformaciones del feto o evidente riesgo de la vida de la madre, pero aún así su práctica es resistida por varias asociaciones de médicos del país que alegan problemas de conciencia.
Las modificaciones que se discuten en el Congreso han ocasionado los reclamos de grupos de corte principalmente religioso que se han manifestado en contra arguyendo que se atenta contra la familia.
Las autoridades calculan que cada día se practican en Bolivia alrededor de 185 abortos y al año 67.000 mujeres acuden a servicios de salud por complicaciones producto de abortos mal realizados.
Para la secretaria ejecutiva de la organización Coordinadora de la Mujer, Mónica Novillo, esta jornada es también para exigir la aplicación de programas y políticas integrales de salud sexual para prevenir los embarazos no deseados.
“América Latina sigue siendo una de las regiones que mantiene la mayor cantidad de países que no han avanzado en leyes más progresistas en relación al derecho de las mujeres”, indicó Novillo.
Según datos oficiales, entre enero y julio de este año 34.958 adolescentes y jóvenes embarazadas de 15 a 19 años fueron atendidas en centros de salud en el país.
La tasa de natalidad adolescente reportada por el Gobierno es de 71 por cada 100.000 nacidos vivos, que en Latinoamérica es superada únicamente por Haití y República Dominicana.
Adicionalmente, este año se han reportado 2.027 casos de madres menores de 15 años cuyos embarazos tuvieron origen en la violencia sexual o en uniones con adultos admitidas por razones sociales.
