La Municipalidad de Mariano Roque Alonso presentó su descargo ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) luego de que el organismo formulara reparos en el proceso de adquisición de un inmueble por G. 43.017.803.400, destinado a la construcción de un sistema de alcantarillado sanitario y al mejoramiento del sistema de agua potable.
En su contestación, la Administración municipal rechaza las observaciones y sostiene que la compra se realizó conforme a las disposiciones de la Ley de Contrataciones Públicas y de la Ley Orgánica Municipal. Argumenta que la Comuna tiene autonomía para administrar su patrimonio y contratar los servicios profesionales necesarios para este tipo de operaciones.
Uno de los principales cuestionamientos planteados por la DNCP apunta a la tasación utilizada para fijar el valor del inmueble. Ante ello, la Municipalidad sostiene que la normativa no exige que el avalúo sea elaborado exclusivamente por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), sino que puede ser realizado por un profesional competente y debidamente habilitado. En ese sentido, afirma que el informe técnico presentado cumple con todos los requisitos legales y constituye un respaldo suficiente para la operación.
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Asimismo, la administración de Carolina Aranda solicita a la DNCP que tenga por contestados los reparos formulados y permita la continuidad del procedimiento administrativo para concretar la adquisición del inmueble.
El poblador Ricardo Torres Peña destacó que llama la atención el precio pactado, la tasación y el mecanismo utilizado para la contratación. La operación fue adjudicada por G. 43.017.803.400, mientras que el valor de tasación asciende a G. 37.827.975.000.
Torres informa que la propiedad había sido adquirida por la empresa vendedora, Puertos y Estibajes SA en 2024, a un valor aproximado de USD 33,8 por metro cuadrado. Dos años después, esas mismas tierras fueron tasadas en USD 83,3 por metro cuadrado y ofrecidas a la Municipalidad a USD 94,8 por metro cuadrado, lo que representa incrementos de 147% y 180%, respectivamente.
También la DNCP cuestiona que la adquisición se haya realizado mediante la modalidad de vía de la excepción, considerando el elevado monto de la operación. El documento plantea que, por su magnitud, el procedimiento debió tramitarse mediante una licitación pública con mayores controles. Además, menciona la necesidad de verificar el historial de dominio de las tierras y si anteriormente pertenecieron al patrimonio municipal.
De acuerdo con el informe, aunque la Municipalidad gestionó una línea de crédito con garantía hipotecaria sobre los inmuebles para financiar la compra, hasta el momento no se produjo el desembolso de los recursos, situación que fue informada por la propia intendenta Carolina Aranda ante la Junta Municipal.
