La empresa portuguesa Mota Engil recurrió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), ligado al Banco Mundial, buscando obtener una indemnización por el fallido Metrobús.
Luego de que en octubre de 2024, el Tribunal de Apelación de la Tercera Sala de la Capital haya anulado el laudo arbitral que obligaba a Paraguay a pagar la suma de USD 13 millones, más intereses, lo que hacía ahorrar al Estado más de USD 16 millones, finalmente Mota Engil recurrió al CIADI, que “evalúa las disputas entre empresas privadas y estados, mediante árbitros independientes, siempre que los países de origen de los inversores tengan un tratado de inversión con dicho Estado”, según publicó el medio portugués Observador. La solicitud de constitución de un tribunal arbitral data de julio.
Desde la mirada del medio portugués, “el valor pactado se fue reducido sustancialmente” luego de la anulación del Tribunal de Apelación de la Tercera Sala de la Capital, algo que considera “iniciativa del Gobierno”.
Observador recuerda en su artículo que en 2016 el Ministerio de Obras Públicas cerró un contrato con Mota Engil para el fallido Metrobús y que el proyecto adjudicó 45,6 millones de euros con un plazo de ejecución de 22 meses, en una época en que la empresa portuguesa estaba “muy centrada en mercados latinoamericanos”.
“Con el cambio de gobierno paraguayo, comenzaron a surgir acusaciones cruzadas entre la empresa y el propietario del proyecto sobre quién era el responsable del incumplimiento del contrato”, señaló.
El 15 de diciembre de 2023, un tribunal arbitral había condensado a Paraguay a pagar USD 13 millones más intereses a Mota Engil. El procurador general de la República, Marco Aurelio González, había detallado que el tribunal decidió que el Estado debía abonar, además de lo que ya pagó, UDS 13 millones más intereses, llegando así a los USD 16 millones.
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Sin embargo, el 22 de octubre de 2024, Aurelio González informó en otra conferencia de prensa que se había anulado el “laudo arbitral” que se impuso al Estado paraguayo, en el cual se le condenó a pagar a Mota Engil un monto, que sumado a los intereses, daba una cifra mayor a USD 19 millones.
“A partir de esta resolución, se anula parcialmente el laudo y solamente queda la obligación de los más de G. 600 millones que tiene que pagar de Mota Engil al MOPC y de la misma manera, queda los USD 2.600.000 aproximadamente que debe devolver el MOPC a Mota-Engil en concepto de montos retenidos”, había expresado.
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Según su página web, “el CIADI administra procedimientos de conformidad con las normas del CIADI, casos de arbitraje en virtud de otras normas, tales como el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI, así como casos ad hoc tanto entre inversionistas y Estados como entre Estados. Además de una amplia variedad de normas, el CIADI ofrece servicios extensos de administración de casos”.
