Los fiscales Diego Arzamendia, Jorge Arce Rolandi y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, requirieron la desestimación de la denuncia por tráfico de influencia y nepotismo presentada contra el diputado José Domingo Adorno y sus hijas Silvana Jazmín Adorno Busco y Lilian Raquel Busto Fretes.
Los abogados Jorge Rolón Luna, María Ester Roa y Carmen Rodríguez presentaron en enero de este año una denuncia por lesión de confianza contra el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, por la contratación de los hijos de varios legisladores, y Silvio Adalberto Ovelar Benítez, ex presidente de la Cámara Alta, por administración en provecho propio, en el marco de la contratación de su hijo Alejandro Ovelar en Diputados.
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En el caso de Silvana Adorno, ella percibe un salario de poco más de G. 4 millones y Lilian Raquel Busto Fretes, hijastra del diputado, un salario de G. 10.500.000. El marido de Lilian también fue contratado en Diputados con un sueldo de G. 4.500.000.
Para los fiscales, el tráfico indebido de influencias en la ley hace referencia muy concreta al cobro de una suma de dinero o la recepción de un beneficio a cambio de una intermediación ante un funcionario público. Los hechos de cobro indebido tampoco fueron comprobados para el Ministerio Público.
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En cuanto a la figura de nepotismo, señalan que solo se aplica cuando un funcionario contrata directamente a un familiar, no así si lo realiza una persona que no se encuentra vinculada directamente por relación de parentesco o consanguinidad con los funcionarios en cuestión.
De esta manera, los fiscales también blanquearon la contratación en la Cámara Baja de la hija del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, como asesora, además del hijo del senador Silvio Adalberto Ovelar, Alejandro Ovelar, quien terminó renunciando al cargo.
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La desestimación también alcanza a Silvia Vega, Neyde Amarilla, Vidalia Franco, Andrea Paredes y Élida Ríos.
La imputación si fue efectiva contra los diputados liberacartistas Roya Torres y Cleto Giménez y sus respectivos hijos, funcionarios de la Cámara Baja, por supuesto cobro indebido de honorarios.
