18 abr. 2024

Ministro Ríos no descarta plan de un juicio político

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Dinámico. Ríos (der.) dijo que, de un segundo a otro, pueden cambiar las decisiones.

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El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, no descartó que eventualmente haya un plan para impulsar un juicio político en su contra y de otros en la máxima instancia judicial.

Tras la destitución de Kattya González, trascendió que hay una lista negra que incluye a tres ministros de Corte. Uno es Ríos; además de Gustavo Santander y Manuel Dejesús Ramírez Candia.

“El mundo político es muy dinámico y cada vez más dinámico. De un segundo a otro pueden cambiar las decisiones políticas. No se puede descartar esa posibilidad (juicio político). Nunca se puede descartar”, afirmó a la 1080 AM.

Agregó que hay que estar atentos a los momentos políticos, a la coyuntura, a las relaciones de poder y las disputas del momento.

Dijo que es un hecho nuevo y que no ha conversado con sus pares. Sin embargo, agregó que están atentos. “Como me dijo un amigo: ‘Si no tienen votos no te van a sacar, y si tienen votos te van a sacar, no te preocupes’”, dijo.

Comentó que deben estar atentos y controlar los debates no solo políticos, sino sociales y a nivel académico. “En lo personal, creo que estamos haciendo un buen trabajo. Tengo la tranquilidad ante la sociedad”, aseveró. Ríos dijo que es “abierto a todos, pero genuflexo ante nadie”.

Constitución. El ministro afirmó que todas las decisiones de la autoridad pública deben ajustarse a la Constitución y que la máxima autoridad puede controlar el aspecto procedimental en caso de que exista la violación de un derecho establecido en la Carta Magna, en alusión al caso de la destitución de Kattya González.

Agregó que el Estado paraguayo ya no es solamente un Estado de derecho legal, sino que es un Estado constitucional, democrático, de derecho, con derechos constitucionalizados. Remarcó que todas las decisiones de la autoridad pública deben ajustarse a la Constitución. Dijo que en el proceso de toma de una decisión puede ser que haya una violación de un derecho constitucional, del derecho a la defensa o de acceso a la información pública, por lo que ese aspecto procedimental puede ser controlado por la Corte.

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