Según Ayelet Shaked, del partido nacionalista Habait Hayeudi (Hogar Judío) la decisión de la empresa estadounidense Airbnb va en contra de la ley de Prohibición de Discriminación de Productos, Servicios y Entrada a Lugares Públicos y de Entretenimiento.
Dicha normativa, que es en realidad una enmienda de 2017 a una ley existente introducida por el partido de Shaked, estipula que cualquiera que provea un servicio público o un producto no puede discriminar por razón de su localización.
“Las acciones de las organizaciones del BDS (Boicot, Desinversión y Sanciones) no prosperarán”, manifestó Shaked, según el diario Yedioth Aharonot.
“El Estado luchará tenazmente contra acciones injustas de las organizaciones que intentan arrogarse un aura de moralidad. Llevan a cabo una terrible injusticia a los residentes del Estado de Israel y no cooperaremos con ello”, agregó.
Por su parte, el ministro de Turismo israelí, Yariv Lavin, declaró ayer de que solicitó al Ministerio de Finanzas que grave con un impuesto alto y especial las actividades de Airbnb, según el diario The Times of Israel.
El ministro no especificó qué parte del negocio de la compañía se vería afectado por este nuevo arancel.
El lunes Airbnb comunicó que borrará de sus listados los asentamientos judíos en Cisjordania ocupada porque están en el corazón de la disputa entre israelíes y palestinos.
La última resolución de 2016 del Consejo de Seguridad de la ONU considera que los asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado violan el derecho internacional.
La compañía argumentó en un comunicado oficial que la decisión se tomó después de haber pasado un considerable tiempo, consultado antes con expertos en el conflicto israelo-palestino.
Y añadía que, como líder de la industria, Airbnb debía considerar el impacto que tenemos y actuar de manera responsable.
