Organizaciones civiles y la prensa siguen preocupadas por la reglamentación hecha por el Ejecutivo de la ley de acceso a la información pública –publicada este lunes en el Boletín Oficial–, por la que el Estado no está obligado a dar información del ámbito de la vida privada de los funcionarios públicos ni de todo aquello que sea preparatorio de una decisión estatal..., etc.
Además, aumenta los criterios de excepción para no brindar información pública.
En Argentina rige una ley de acceso a la información pública, que permite a la ciudadanía, mediante un mecanismo, el derecho de acceso a la información considerada de carácter público, que ha desvelado comportamientos impropios de las autoridades, ha colaborado en la investigación de causas judiciales o ha echado luz sobre reuniones de funcionarios públicos.
Según el decreto firmado por Milei, la ciudadanía no podría indagar sobre quién ingresa a la residencia oficial de Olivos, o cuántos perros acompañan al mandatario, porque el derecho de acceso a la información pública excluye ahora la que “hace al ámbito privado del funcionario o magistrado...”.
La Fundación Poder Ciudadano destacó que “ningún decreto puede restringir el acceso a la información pública más allá de lo que lo hace la ley sancionada por el Congreso” y recordó que “el acceso a la información pública es un derecho humano” y que “la información está en manos del Estado, pero le pertenece a la ciudadanía”.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) rechazó los cambios que introdujo el gobierno de Milei, advirtió de que “implican un grave retroceso democrático” y “oscurece la gestión pública”.
