“Venimos a colaborar con la Justicia. No tenemos nada que esconder y estamos muy, muy convencidos de que esta segunda imputación no tiene ningún fundamento”, dijo Prieto, alegando que el caso tiene tinte político.
Fue “una pequeña estrategia” del Ministerio Público –dijo– el buscarle la vuelta por el tema de los panificados, ya que estos se consumieron y ya no están. “Calculo que no estoy imputado por obras, Fonacide, royalties, empedrado, la costanera, porque están ahí porque se fueron, midieron y están ahí”, precisó.
Esta causa es por la compra de ingredientes, por la vía de la excepción, para la fabricación de panificados para las familias de escasos recursos. Según los fiscales Silvio Corbeta, María Verónica Valdez y Alma Zayas, Miguel Prieto lideró supuestamente un esquema creado para desviar fondos, causando un perjuicio de más de G. 306 millones.
Sin embargo, según el intendente, sí se compraron los productos y se hicieron los panes. Es más, el jefe comunal apuntó que hoy en día “existe una planta de producción de alimentos en la Municipalidad que continúa funcionando, mucho más equipado que en el 2020”.
En una primera causa, los mismos fiscales acusaron a Prieto y pidieron juicio por supuestos desvíos a través de cestas básicas de alimentos para personas de escasos recursos en pandemia.
