Por disposición de la ministra Liz Cramer se suspendió el pago en concepto de distribución de multas a fin de reglamentar y establecer criterios técnicos de distribución. “Estamos haciendo una reestructuración de la disposición legal, por lo que este año no estamos pagando”, señaló el director administrativo del MIC, Julio Vera.
La intención es poner fin a la distribución discrecional del dinero recaudado en concepto de multas, en donde los funcionarios cercanos al ex ministro Gustavo Leite percibieron millonarias sumas, mientras que los fiscalizadores recibían una pago menor.
Vera señaló que la distribución del dinero recaudado en concepto de multas se hacía con base en una ley del 2014 y que se reglamentó y se aplicó desde el 2015. La citada normativa establece que del 100% de las multas efectivamente cobradas se pueden distribuir entre los funcionarios hasta el 20%.
Explicó que tienen derecho a percibir parte de las multas todas las personas que estén vinculados al caso, pero que en la administración anterior se les pagaba un monto a los funcionarios intervinientes sin establecer ningún rango o porcentaje, “internamente nomás decidían cuánto cobra cada quien”.
“Ahora estamos preparando una nueva reglamentación, unas modificaciones, y no habrá más pagos en todo el ejercicio. Se hará una adecuación, y se harán hasta dos pagos en el año”, precisó.
Vera sostuvo que están preparando “una reglamentación similar a la que se aplica en la Subsecretaría de Tributación (SET), que sea más plural en el cobro, que cobren los que se van al campo, y los administrativos también cobrarán algo”, añadió.
Vera insistió en que en la anterior administración del MIC “la distribución era una cuestión de ellos, no queremos juzgar si fue buena o mala, pero en la parte ética se pueden tener algunas observaciones”, precisó.
Al tiempo de cuestionar la disposición, dijo que ahora la ministra Cramer está tratando de adecuar haciendo consultas en la SET, parando la pelota para hacer una reglamentación más equitativa.
Criticó el hecho de que las personas que estaban en las oficinas cobraron 86 millones de guaraníes y los que fueron al campo a hacer la verificación solo dos millones.
Consideró descabellado que una persona cobre semejante cantidad de dinero, por lo que apuntan a una nueva reglamentación y que alcance a mayor cantidad de funcionarios.
