La ministra de Industria y Comercio, Liz Cramer, afirmó este martes que acordaron con la empresa de seguros Rumbos SA que no se solventarán cirugías estéticas ni lipoaspiraciones a funcionarios de la cartera.
Reconoció, en entrevista con Monumental 1080 AM, que tuvo que firmar el contrato cuando se realizó la transición; de lo contrario, los funcionarios quedarían sin seguro de sanidad.
Admitió que algunos servicios no correspondían y responsabilizó al propio ministerio de preparar, negociar y contratar los términos del seguro.
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“Contrataciones nos explicó que el ítem no podía ser excluido de forma unilateral del contrato, pero sí renunciar a un servicio por otro, si no tendríamos que cancelar y volver a empezar”, explicó.
Puede escuchar la entrevista completa en Monumental 1080 AM.
La secretaria de Estado aclaró que, actualmente, esos ítems del contrato fueron modificados y se incluyó la prestación de servicios en otras especialidades -como psicología, psiquiatría- bajo ciertas condiciones.
Aboga por utilizar cobertura del IPS
Por otro lado, la ministra abogó por trabajar en un pliego de bases y condiciones estándar, que también pueda ser utilizado en otras dependencias estatales.
“En términos generales, se debería trabajar en un pliego estándar y podemos servir de ejemplo para otros ministerios y que el seguro médico ya no sea un tema para tocar”, expresó.
Señaló que está de acuerdo en incluir a todos los funcionarios públicos en la cobertura que ofrece el IPS, porque, pese a las dificultades del servicio, tiene la capacidad de atender cuadros de alta complejidad.
“Hoy no tenemos eso, y es una circunstancia para llegar a la igualdad”, añadió.
Leite aprobó pago de liposucciones
El ex ministro de Industria y Comercio Gustavo Leite, poco antes de dejar el cargo, aprobó la licitación para que una empresa de seguros, denominada Rumbos SA, brinde el servicio y solvente a los cerca de 422 funcionarios de la institución cirugías estéticas no reparadoras, cirugías bariátricas-metabólicas y hasta lipoaspiraciones.
El MIC adjudicó a la empresa un total de G. 2.616 millones por la cobertura médica y tales servicios. El mismo tiene una duración de 12 meses, a partir de julio de este año.
No obstante, la ministra Liz Cramer firmó el contrato y modificó las polémicas cláusulas.
