El mensaje que llegó desde los Estados Unidos, comunicado por el embajador norteamericano en Paraguay, Marc Ostfield, quien leyó la declaración del secretario de Estado Antony Blinken, tuvo el impacto de un terremoto político de alta intensidad.
El embajador Ostfield informó en una ansiosamente esperada conferencia de prensa sobre la situación del ex presidente de la República Horacio Cartes, quien pasó a engrosar la lista de paraguayos declarados “significativamente corruptos”. La designación en la lista conlleva sanciones de por vida, como la prohibición de entrada a ese país y no poder utilizar su dinero allí. La medida también alcanza a sus hijos Juan Pablo, Sofía y Sol Cartes.
“Cartes utilizó la presidencia de Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio. Esto le permitió a Horacio Cartes participar en actividades corruptas, terroristas y otras actividades consideradas ilícitas por Estados Unidos”, decía la declaración que leyó el embajador.
Después del anuncio, como si la declaración no hubiese quedado cristalina, un tuit de la cuenta del secretario Blinken reforzaba: “El Departamento de Estado designa al ex presidente paraguayo Horacio Cartes inelegible para ingresar a los Estados Unidos debido a sus actos de corrupción durante su mandato. Estamos comprometidos a apoyar la democracia y promover la responsabilidad de los funcionarios corruptos”.
La expresión textual “Cartes utilizó la presidencia de Paraguay…”, al tiempo de tener suficiente fuerza en sí misma, recuerda a una reunión de Cartes con empresarios brasileños en 2014 cuando les dijo: “Usen y abusen del Paraguay, porque es un momento importante de oportunidades”. Lo que en aquel momento los paraguayos desconocíamos es que era el propio presidente de la República quien abusaba de su investidura y privilegios.
Esos privilegios provenían no solamente del cargo, sino también de una Justicia comprometida. En las próximas horas se decidirá el pedido de juicio político de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñóñez, a quien denuncian por inacción y protección por parte del Ministerio Público, y por su vinculación con el ex presidente de la República. Quiñónez, hace apenas tres meses se salvó de ser enjuiciada, aquella vez bastaron los votos de diputados cartistas, algunos oficialistas y liberollanistas. Se la acusó de actuar de forma negligente, así como por propiciar la protección al cambista brasileño Darío Messer, el “hermano del alma” de Horacio Cartes, entre otros asuntos.
Cartes no es el primer político paraguayo en ser designado por participación en corrupción significativa. Antes de él, en 2019, se decidió prohibir de por vida la entrada a su territorio al ex senador ya fallecido Óscar González Daher y al ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón.
Se debe evaluar correctamente la actual situación política, el mensaje fue contundente ciertamente, pero al mismo tiempo expone la fragilidad extrema de nuestra Justicia, la debilidad e impermeabilidad institucional.
El mensaje debe llegar a la clase política y económica, pues el país precisa que sus líderes sean verdaderos instrumentos de transformación y no defiendan sus intereses particulares desde el mismo Estado.
Debemos reconstruir la institucionalidad de la República, y para ello necesitamos grandeza, sin revanchismos, una dirigencia que esté a la altura del desafío y que nos ayude a superar la vergüenza internacional.
