Tres unidades fiscales investigan el caso de estafa que se realizaba en el Complejo Steven Automotores, ubicado en Ñemby. Si bien hay siete personas imputadas, ninguna está detenida.
“Son 68 víctimas, teniendo en cuenta los expedientes que incautamos del Juzgado de Paz en la semana pasada, sin embargo, si tomamos en consideración las personas que han llegado ya a la sede fiscal a manifestar que han sido víctimas o supuestas víctimas de este esquema, tendríamos que hablar de una cantidad que supera las 100 personas”, explicó Lourdes Bobadilla, una de las fiscalas del caso.
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En principio se tenían denuncias de hechos que ocurrieron entre el 2023 y este 2024, pero posteriormente fueron apareciendo más afectados que hablaron de estafas perpetradas en el 2018, informó NPY.
Mencionó que no se puede determinar el perjuicio total, pero solo en una causa, la víctima declaró que pagó G. 60 millones y que los intereses se dispararon por retrasarse unos días en el pago. En ese sentido también se analiza la figura de usura.
En el esquema está implicado el juez de paz de Chaco’i, Jorge Franco, supuestamente por ordenar el secuestro inmediato de los vehículos cuando los clientes registraban una mora en el pago. En una de sus viviendas allanadas se encontraron sellos de su oficina y del Juzgado de San Lorenzo, así como otros documentos judiciales originales, además de un arma de fuego.
Al respecto, la investigadora dijo que no puede tener estos elementos en un domicilio particular. El magistrado fue encontrado este miércoles en su vivienda de Asunción, pero los agentes que realizaron el allanamiento no lo pudieron detener debido a que cuenta con fueros.
Modus operandi
La concesionaria perteneciente a Denis Steven Bareiro entregaba los vehículos con un contrato privado de compra–venta del vehículo con una adenda que establecía un pago ante el incumplimiento mínimo de la cuota y que caso contrario se comprometían a devolver el rodado.
Esta cláusula era aprovechada en casos de atrasos de apenas unos días en las cuotas para emprender acciones judiciales, donde el magistrado participaba y utilizaba su cargo para ordenar el secuestro de los vehículos.
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El oficial de Justicia, Carlos Yrala, se encargaba del procedimiento. Las víctimas simplemente se encontraban con la sorpresa de desaparición de sus automóviles y al realizar las averiguaciones, constataban que ni siquiera se forzaron las puertas.
Las tres personas mencionadas y otras cuatro están imputadas por el caso, pero hasta el momento ninguna está detenida.
