Con la determinación del Poder Ejecutivo, el proyecto pasará nuevamente al Congreso Nacional para su estudio. La propuesta, que es impulsada por el diputado Hugo Ramírez, había sido sancionada el 18 de setiembre pasado.
La objeción se da específicamente a los artículos 5 (inciso h), 8, 9 y 10 del documento. Estos apartados tratan sobre la competencia de la Policía Nacional en el control de hechos que se registren en la vía pública y recintos privados, entre otros aspectos.
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El ex ministro del Interior Juan Ernesto Villamayor ya había adelantado la postura del Ejecutivo en contra de la intención de que sean los efectivos policiales los que deban actuar en este tipo de casos.
“Nosotros tenemos un rol esencial que es la seguridad ciudadana. Y la gente tiene derecho a no ser afectada por la polución sonora, pero eso es un rol municipal”, había manifestado el alto funcionario en su momento.
La iniciativa busca establecer procedimientos para hacer cumplir la norma existente que, mediante la Ley 1100/97, De Prevención de la Polución Sonora, prohíbe emitir sonidos al ambiente por encima de los niveles establecidos, cuyo volumen máximo permitido es de 45 decibeles para las zonas públicas.
