El mandatario aseguró que con la promulgación de la ley que autoriza a la Contraloría a auditar las cuentas y bienes de Itaipú y Yacyretá, y que permite solicitar intervención de las binacionales, se “está dando un mensaje claro sobre la importancia del manejo de recursos en binacionales y que todo pueda ser controlado”.
Sin embargo, el mandatario señaló que las binacionales serán las que busquen los mecanismos para que la Contraloría pueda ingresar y verificar cuentas. Recordó que en un caso similar, la Corte Suprema del Brasil se pronunció contra una ley que buscaba verificar los gastos de binacionales.
“Hay que buscar mecanismos y que los directores tengan el respaldo legal. Seguramente, a partir de ahora las binacionales van a buscar los mecanismos para que la contraloría pueda ingresar a hacer la verificación de cuentas”, expresó.
Con relación a que la Itaipú Binacional recurra a la corte para no ser auditada mientras el Gobierno promulga la ley de transparencia en binacionales, Abdo Benítez aseguró que esto no es incoherente.
“Si sos administrador de una binacional debés tener el respaldo jurídico y el respeto a la binacional por una cuestión de reciprocidad a tu par. Necesariamente por cuestión de reciprocidad como hicieron a través de una ley de Brasil, será evaluada a través del concejo”, dijo.
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En el caso de que la Corte Suprema falle a favor de la Itaipú, la ley promulgada por el Ejecutivo no tendría efecto alguno.
Por otro lado, Abdo Benítez no descartó que se den cambios en las fuerzas de seguridad que operan en el Norte del país tras el secuestro y asesinato de Jorge Ríos, en Concepción.
Abdo Benítez conversó este martes con los medios de comunicación durante un breve recorrido por el vacunatorio Rubén Dumot, que se inauguraría el próximo fin de semana.
Nueva normativa
La nueva Ley establece que se autoriza a la Contraloría General de la República, una vez que venza el plazo para que las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá remitan la documentación requerida para la realización de la auditoría dispuesta, a solicitar la intervención judicial.
Inclusive, tiene la potestad de tramitar órdenes de allanamiento de domicilios, locales, depósitos y otros recintos, con auxilio de la fuerza pública con el objetivo de acceder a todos los registros y documentos detallados en la resolución.
Durante la crisis sanitaria por la pandemia se generó una pulseada sobre los millonarios fondos socioambientales que se manejan a discrecionalidad en ambas binacionales. De acuerdo con la estimación, el Gobierno de turno dispone de alrededor de USD 100 millones para invertir en recursos para obras sociales.
Ante la presión se consiguió que el saldo de este 2021 se utilice para el sector de salud, ante la serie de carencias en los hospitales.
