“He decidido no promulgar el proyecto de ley que busca modificar la reglamentación legal de las declaraciones juradas de los funcionarios. La declaración obligatoria de bienes y rentas es una de las herramientas para la transparencia gubernamental y la lucha contra la corrupción”, escribió Mario Abdo Benítez en Twitter.
Por su parte, el jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, informó en conferencia de prensa que el mandatario decidió vetar de forma parcial la ley sobre declaraciones juradas sancionada por el Congreso Nacional, en lo que respecta a modificaciones en el artículo 14.
“Si se promulgase el proyecto de ley desaparecería el deber de denuncia que tiene la Contraloría cuando existen indicios de un error u omisiones que se hicieron dolosamente”, dijo Huttemann.
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Hernán Huttemann señaló que lo que se objeta es que el funcionario pueda hacer las rectificaciones que considera necesarias en sus declaraciones juradas, lo que dejaría sin efecto el rol de la Contraloría en lo que refiere al control gubernamental.
“El resto de las modificaciones no merece objeción por parte del Ejecutivo”, aseguró.
El proyecto de ley que fue vetado de forma parcial fue modificado en el Congreso y las críticas estaban en torno a la despenalización de las omisiones en las declaraciones juradas.
Se trata de la ley ”que modifica los artículos 1, 3, 4, 7, 13, 14, 16 y 21 de la Ley 5033/13 ‘que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional de la Declaración Jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos y deroga la Ley 6355/19'”.
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La propuesta, que fue sancionada por el Congreso Nacional el pasado jueves 12 de mayo, fue presentada por la Contraloría General de la República en Diputados, donde tuvo algunos cambios y fue remitida al Senado, donde se consignó la controvertida modificación que permite dejar sin sanciones a quienes omiten bienes en sus presentaciones.
La oposición aseguraba que esta normativa, con los cambios hechos en el Congreso, busca despenalizar el ocultamiento de bienes, mientras que los cartistas aseguran que esto solo pretende que no se sancione a los olvidadizos.
Distintos gremios industriales y de la producción se pronunciaron contra la ley y aseguraron que esto será una puerta “a la impunidad, corrupción, facilita el lavado de dinero y va contra la transparencia”. Hicieron un llamado a las instituciones a que verifiquen el contenido del documento “para no ser cómplices o encubridores”.
