Los litigios por la propiedad ubicada en la colonia Yvyra Pytã, ciudad de Curuguaty, más conocida como Marina Cué, continúan sin resolverse.
Los ocupantes de las tierras, a pesar de las dificultades, reinstalaron la paz y volvieron a empezar, pero siempre recordando a los caídos.
En la comunidad viven alrededor de 160 familias. Muchos de los pobladores son parientes de los fallecidos en la masacre del 15 de junio del 2012 y de los condenados por la muerte de los policías.
Uno de ellos es Adalberto Castro Benítez, quien fue condenado a cuatro años de prisión por el caso, y que desde hace un año quedó libre. Su hermano Néstor debe cumplir una condena de 18 años, y como si no fuera suficiente, en aquella tragedia perdieron a otro hermano.
El padre de los condenados, don Mariano Castro, menciona que la falta de una solución definitiva es a causa de una ceguera del Estado, y se mantiene firme en su convicción por conseguir las tierras para la comunidad campesina.
“El Gobierno no ve nada, no hay voluntad política para entregar al pobre las tierras. Nosotros luchamos hasta ahora por Marina Cué como aquella vez, y de querer echarnos nos tendrán que matar nuevamente”, expresó.
Hablar de las tierras ocupadas sin recordar lo que sucedió es imposible para don Castro, quien ante tamaña pérdida rememoró algunos de los hechos que ocurrieron antes y durante del enfrentamiento entre sus compañeros y la Policía.
“Difícilmente se pueda borrar de nosotros el recuerdo: por un pedazo de tierra mba’éicha ojehuga akue ore rehe, ojejuka ore hermano kuéra” (cómo jugaron por nosotros y mataron a nuestros hermanos).
Ese 15 de junio, todo transcurría con normalidad. “Nosotros no recibimos ninguna instrucción, ni aviso, solo supimos que la Policía vendría con fiscales para dialogar. Nuestros dirigentes nos dijeron que, si venían con el título, saldríamos, hasta ahí es lo que supimos”, relató.
Para el hombre no quedan dudas de que la cantidad de campesinos muertos es el reflejo de que no hubo un enfrentamiento entre ambas partes, y que de ninguna manera se resistirían a la fuerza policial, teniendo solamente algunas escopetas, machetes y palos frente a las armas de los oficiales.
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De cómo inició aquella matanza lo que recuerda es que fueron tres disparos de seguido, pero desde un lugar donde no había nadie. A partir de ahí habrían empezado los disparos de los uniformados que estaban frente a los dirigentes campesinos, y desde ese momento fue muy difícil saber de dónde prevenían todas las balas.
Agregó que, de haber sabido lo que ocurriría, nadie hubiera quedado allí. “Solo recibimos un aviso de salir a hablar”, insistió.
La única explicación que encuentra a lo sucedido es que fue una estrategia política para derrocar a un presidente electo por el pueblo.
Con la esperanza puesta en un futuro mucho mejor, don Castro señaló que no se han dejado vencer, que gracias a eso siguen luchando por la comunidad, que ya cuenta con una escuela, un dispensario médico y una iglesia.
“Salimos adelante a través de la fuerza de Dios, porque no somos débiles, por eso no abandonamos tampoco esta lucha. Además, sentimos el apoyo de todos los paraguayos que siempre nos ayudan”, reflexionó.
Indicó que se mantienen fervientes exigiendo justicia para los mártires que murieron, así como justicia para aquellos que están presos. “Exigimos las tierras de Marina Cué, que sabemos que son del Estado, pero el Gobierno sigue negándose a darnos”, puntualizó.
El camino por recorrer aún es largo. La comunidad vive sin corriente eléctrica y sin agua potable. A pesar de lo ocurrido, su principal pedido sigue siendo el acompañamiento de un Estado que está totalmente ausente y con el que no tienen ningún tipo de trato.
Masacre de Curuguaty
El 15 de junio del 2012 en la colonia en la Yvyra Pytã conocida como Marina Cué, 11 campesinos y seis policías perdieron la vida tras un operativo irregular de desalojo.
Participaron más de 300 uniformados para desalojar las tierras que la familia Riquelme declara como suyas por un proceso ilegal de usucapión. En principio, el Gobierno de Horacio de Cartes defendía la propiedad como estatal, pero luego la aprobó como una donación de la firma Campos Morombí.
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Para la Justicia ordinaria, el caso fue resuelto con la condena a los labriegos. El fallecimiento de los ocupantes nunca fue investigado. Tanto las familias de policías como de los campesinos sufren el recuerdo de aquel día.
A dos años de la condena
El próximo 11 de julio se cumplirán dos años del juicio que condenó a 11 labriegos por la masacre, pero ninguna autoridad fue procesada por la muerte de los campesinos.
Las condenas más duras fueron para Rubén Villalba, con 30 años de cárcel, más cinco de medidas de seguridad, Luis Olmedo con 20 años, Arnaldo Quintana y Néstor Castro con 18 años.
Lucía Agüero, Fani Olmedo y Dolores López fueron sentenciadas a seis años de prisión, en tanto que Felipe Benítez Balmori, Juan Carlos Tillería, Alcides Ramón Ramírez y Adalberto Castro a cuatro años.
Los labriegos fueron imputados por la comisión de supuestos hechos punibles de homicidio doloso, homicidio doloso en grado de tentativa, lesión grave y asociación criminal.
