BUENOS AIRES
La exploración petrolera en las aguas del Atlántico sur que rodean a las islas Malvinas ha sido por décadas un asunto clave en la disputa entre Argentina y Reino Unido por la soberanía del archipiélago, una controversia reavivada por un proyecto británico e israelí para comenzar a extraer crudo en 2028.
El proyecto de explotación ‘offshore’ (costas afuera) de la petrolera israelí Navitas y la británica Rockhopper, denominado Sea Lion, fue autorizado por el Gobierno local de Malvinas, un territorio bajo ocupación británica desde 1833 y cuya soberanía reclama desde entonces Argentina.
Mientras Navitas y Rockhopper avanzan con paso firme en su proyecto petrolero, este martes abogados ambientalistas y excombatientes de la guerra de 1982 por las Malvinas presentaron una demanda contra esa iniciativa en un tribunal de la provincia argentina de Tierra del Fuego, que considera las islas parte de su territorio.
Situadas a 13.000 kilómetros de Londres y a 464 kilómetros de Argentina continental, las Malvinas viven del ganado ovino, la pesca, el turismo y la actividad económica relacionada con la enorme base militar británica en ese punto del Atlántico sur, estratégico para acceder a la Antártida y al Pacífico.
En 1975, Reino Unido confirmó estudios geológicos sobre el potencial petrolero en Malvinas y Argentina comunicó que no reconocería la exploración y la eventual explotación de hidrocarburos en el archipiélago por parte de un “gobierno extranjero”.
“Malvinas tiene importancia como reservorio petrolero. De hecho, el informe de 1975 sobre la presencia de crudo en las islas abortó definitivamente las negociaciones bilaterales que se estaban desarrollando en ese momento”, dijo a EFE Bruno Tondini, profesor de Derecho Internacional y experto en asuntos relativos a Malvinas.
Licencias y sanciones. El Ejecutivo isleño otorgó en 1996 las primeras licencias de exploración, con el rechazo de Argentina, que siempre ha alegado que los permisos que se conceden sobre recursos de su propiedad implican una “acción unilateral” contraria a las resoluciones de Naciones Unidas respecto a la disputa de soberanía.
Rockhopper anunció en 2010 el hallazgo de crudo en el yacimiento Sea Lion, a unos 220 kilómetros al norte de Malvinas, alimentando el “sueño” de los locales –unos 3.500 habitantes de origen británico– de convertirse en un enclave hidrocarburífero y vivir de la renta petrolera.
En 2013, Argentina inhabilitó por 20 años a Rockhopper para operar en el país suramericano por desarrollar actividades en la plataforma continental argentina sin autorización.
Idéntica sanción aplicó en 2022 a Navitas, que dos años antes se había unido a Sea Lion, el proyecto con inversiones previstas de casi 4.000 millones de dólares para sus dos fases de desarrollo y con una vida productiva de 30 años.
A finales de 2025, Navitas y Rockhopper anunciaron su decisión final de inversión en Sea Lion y fijaron como objetivo extraer el primer barril en 2028, lo que llevó a Argentina a expresar de nuevo su “enérgico” rechazo a la iniciativa.
A la saga de sucesos se suman las declaraciones del pasado lunes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, sin mencionar el tema petrolero, dijo estar abierto a “revisar” la histórica posición de neutralidad de la Casa Blanca en la disputa de soberanía de las Malvinas
SANCIONES Y BASE MILITAR. Argentina anunció que investigará posibles vínculos entre 45 entidades y proyectos para la explotación de hidrocarburos en torno a las Islas Malvinas, según un comunicado de la presidencia.
El anuncio ocurre luego de que el presidente Javier Milei destacara en un discurso el jueves que soplan “vientos de cambio favorables” para la histórica reivindicación argentina sobre las Malvinas y anunciara sanciones más severas para cualquier proyecto petrolero en torno al archipiélago.
Según Tondini, Argentina podría recurrir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar o reclamar el embargo del crudo en los puertos de destino, “algo posible, pero muy complejo” de concretar.
Asimismo, Milei, decretó este viernes otorgar más fondos al Ministerio de Defensa con vistas a la construcción de una base militar naval en el extremo sur del país, en un punto cercano a las Malvinas.
MEDIO AMBIENTE. Asimismo, el pasado martes, abogados ambientalistas, junto con excombatientes argentinos de la guerra de 1982 por las Malvinas, denunciaron el proyecto Sea Lion en tribunales argentinos, a los que piden, en principio, alertar a los mercados donde operan las petroleras (Londres y Tel Aviv) de la existencia de un conflicto legal e identificar a los posibles financiadores de la iniciativa.
“La idea es hacerles inviable el proyecto, que sepan que hay un reclamo de soberanía y ambiental y que no va ser gratuita cualquier intervención en ese área”, dijeron a EFE los demandantes, que, a futuro, podrían reclamar el embargo de fondos.
Aunque hasta ahora Sea Lion no ha tenido problemas para obtener financiación, la realidad es que este proyecto está expuesto a una controversia entre Estados sin resolver, un factor que todo inversor, de mínima, sopesa.
Disputa de la soberanía en ONU
La disputa por la soberanía de las islas es reconocida oficialmente por una resolución de las Naciones Unidas de 1965, que insta a ambas naciones a resolverla por la vía diplomática y a no adoptar decisiones unilaterales. ONU considera que las Malvinas son uno de los territorios “pendientes de descolonización”.
